Al menos 18 mil millones de pesos del presupuesto estatal podrán ser reasigandos para la atención de los estragos causados por el COVID-19, sin generar mayores afectaciones a la administración pública, advirtieron diputados locales de Morena.
Los legisladores Azucena Cisneros y Faustino de la Cruz propusieron ante su bancada que el Gobierno del Estado de México realice una reasignación presupuestal por 18 mil 300 millones de pesos para que esos recursos se destinen a la atención sanitaria y económica ante la pandemia.
En el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de México 2020, publicado el 23 de diciembre, el artículo décimo quinto transitorio establece que se pueden reasignar recursos no etiquetados al Sector Salud, en caso de contingencias médicas, a efecto de atender epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades.
Respecto de la reasignación de recursos no etiquetados al Sector Salud, se dispone de 6 175 millones de pesos del Instituto de Salud del Estado de México, y de 9.5 millones de pesos del régimen Estatal de Protección en Salud que pueden ser destinados a la contingencia.
La propuesta morenista incluye que los 100 millones del Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos se destinen para la contingencia sanitaria, equipamiento y atención médica.
Del rubro de Asociación Público Privada del Proyecto de Rehabilitación y Conservación carretera del Sur del estado, los diputados sugieren realizar un ajuste para reconducir recursos hacia el mejoramiento de la infraestructura médica-hospitalaria, liberando, al menos, 600 millones de pesos.
De diversos programas no prioritarios en cultura, arte, conducción de políticas generales de gobierno, electoral, democracia y pluralidad, consideran ajustes por 3 mil millones de pesos; del Fondo Metropolitano, por 175.9 millones; del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, se recortarían 1 500 millones; y de la reconducción de la deuda autorizada para el 2020, 6 mil millones de pesos. También plantean la renuncia solidaria a aguinaldos y gratificación especial anual de mandos superiores, que podrían sumar hasta 95.4 millones de pesos, monto que incluye cargos con sueldos de 68 mil hasta 159 mil pesos mensuales, y que corresponde a 407 plazas.
“La alta burocracia, integrada por un número reducido de servidores públicos, ingresa altas percepciones que la sitúan en una condición de privilegio, en comparación con el común de la gente que los eligió para desempeñar funciones de carácter público”, esgrimió Cisneros Coss.
De igual manera, los congresistas propusieron tomar medidas de austeridad y economías presupuestales
basadas en la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, entre las que se consideren congelar el gasto de comunicación social y prohibir la compra de vehículos de lujo.
Además, dijeron, se deben tomar medidas de disciplina presupuestaria en ceremonias, congresos, convenciones,
contratación de asesorías, estudios e investigaciones, mobiliario, oficinas y de bienes inmuebles.
Para el Poder Judicial, los legisladores plantean un ajuste presupuestal de 393 millones de pesos y la contención del gasto en órganos autónomos (IEEM, Tribunal Electoral, Codhem, Tribunal de Justicia Administrativa, UAEM, Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios) por 123.4 millones de pesos, mediante el ajuste del 10% de su presupuesto.
Azucena Cisneros recordó que el estado se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias que permitan mitigar los riesgos de contagio y brindar las atenciones médicas y hospitalarias a las personas que resulten afectadas: “Los gobiernos están obligados a garantizar, por todos los medios a su alcance, las mejores condiciones de atención posibles a la población para limitar el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones que se estima que esta nueva enfermedad pueda provocar", planteó.
La propuesta fue promovida ayer, martes, durante la reunión interna de la bancada y se encuentra en evaluación para que se realicen los ajustes pertinentes con el afán de garantizar los recursos suficientes para hacer frente a los requerimientos médicos y hospitalarios que la emergencia sanitaria demanda en la entidad.