El Poder Judicial del Estado de México detectó dos redes de corrupción entre sus servidores públicos, fundamentalmente encaminadas a la venta de sentencias y a las notificaciones condicionadas.
Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), detalló que en el primero de los casos fue detenido y vinculado a proceso José “N”, un ex servidor judicial que se desempeñaba en un juzgado de control, a quien se le concluyó el cargo en 2017 por pérdida de confianza, por su probable participación en el delito de extorsión.
Las investigaciones revelan que José “N” establecía comunicación con los litigantes para obtener sentencias favorables a cambio de 50 mil pesos, lo que realizaba con apoyo de una servidora judicial, desde el interior del Tribunal, quien ya fue detectada y tiene orden de aprehensión.
El segundo evento involucra a una notificadora que realizaba diligencias selectivas, según el pago de litigantes. “El Ministerio Público, amparado por la resolución de un juez federal, logró la extracción de información telefónica del móvil de Verónica ´N´, que dirigía una red en los juzgados de Coacalco”, planteó.
Sodi Cuéllar comprometió que las investigaciones y sanciones se llevarán al amparo riguroso de la ley y hasta sus últimas consecuencias. En ambos casos, las investigaciones continúan en aras de detectar la posible participación de otros servidores públicos, abogados y usuarios.
Las anomalías, indicó, fueron descubiertas mediante labores de inteligencia coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y ya se trabaja en el desmantelamiento de las redes y en su persecución legal.
La institución, afirmó, está comprometida a cabalidad con la función jurisdiccional, y “no permitirá ningún acto de corrupción, a ninguna escala, con servidores públicos de ninguna categoría, ni litigantes”.
En congruencia con el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el titular del Poder Judicial mexiquense convocó a colaboradores judiciales y litigantes a denunciar los actos contrarios a las leyes, a la ética y a valores elementales como la transparencia y la honestidad, a fin de evitar que estos comportamientos se repitan.