En el Estado de México, la amnistía no procederá para delitos mayores o graves ni beneficiará a reincidentes, conforme a las iniciativas de Ley en la materia promovidas por los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo (PT), y remitidas este jueves por la Diputación Permanente a las comisiones de Procuración de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictamen.
La primera propuesta de Ley de Amnistía del Estado de México fue presentada por los diputados morenistas Max Correa, Gerardo Ulloa, Mariana Uribe y Liliana Gollas, quienes recordaron que el Poder Legislativo del Estado de México ya posee la atribución constitucional de conceder amnistía por delitos de la competencia de los tribunales estatales; sin embargo, hasta ahora no existe una ley local que regule el procedimiento.
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Al igual que la Ley de Amnistía aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, indicaron, el proyecto local se enfoca en aquellas personas que, siendo inocentes, fueron privadas de la libertad, o que, debido a los impactos psicosociales derivados de la pobreza, se vieron en la necesidad de delinquir para sobrevivir.
El proyecto morenista aclara que esta ley no buscará liberar a personas que no lo merezcan, sino agilizar la salida de prisión con base en los supuestos establecidos en normas internacionales, y propone que sea el Poder Judicial el que valore si una persona se encuentra en alguno de estos supuestos para ser objeto de la amnistía, además de que se crea una comisión especial del Congreso, vigente únicamente durante el tiempo de la actual Legislatura, que conocerá propuestas de organismos de derechos humanos y solicitará la opinión de la Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos, y los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de México.
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Bajo ninguna circunstancia, aclara la iniciativa, "se otorgará amnistía a quienes hayan cometido algún delito mayor o grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque estamos comprometidos con la protección a las víctimas y a evitar a toda costa la revictimización”.
La amnistía, detalla la propuesta esgrimida en voz de la diputada Mónica Álvarez, es el acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos iniciados o que habrán de comenzarse. Esta figura, admitió, ha sido objeto de críticas en el sentido de que “favorece la impunidad, violenta el principio de igualdad y ayuda a quienes cometen algún delito en los que es aplicable”. Pese a ello, dijo, en México prevalecen las opiniones favorables al grado de que, desde la Constitución de 1857, la amnistía forma parte del sistema jurídico.
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La iniciativa de Morena amplía los tipos penales que pueden ser sujetos de amnistía; agrega el aborto, a las mujeres sentenciadas por “exceso de legítima defensa” en la protección de su vida e integridad; a personas de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, quienes, dadas sus condiciones socioeconómicas y culturales, no ejercen plenamente su derecho a una defensa adecuada y son criminalizados por defender sus territorios y recursos, o bien, se ven involucrados en delitos contra la salud por necesidad o forzados por el crimen organizado, así como personas con indicios de que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos, como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y aquellas que se encuentren privadas de la libertad por cualquier delito considerado no grave.
En el contexto de la pandemia por COVID-19 y de la perspectiva de los derechos humanos, indicó Morena, deben tomarse en cuenta las directrices de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en el sentido de que las autoridades examinen la manera de poner en libertad a individuos especialmente vulnerables (mayores de edad y enfermos); liberen a todos los detenidos sin motivos jurídicos, como los presos políticos, y consideren la reducción de la población penitenciaria mediante esquemas de liberación temprana o anticipada, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad.
La Ley también prevé las obligaciones de las autoridades, a quienes corresponde su aplicación; conceptualiza a los grupos vulnerables a los que está dirigido este beneficio; incluyen los catorce supuestos en los que se concede la amnistía; enuncia las limitaciones de procedencia de la figura de amnistía; clarifica la legitimidad para presentar la solicitud de admisión; indica qué autoridades intervienen en el procedimiento, las formas, etapas y plazos en las que se llevará a cabo, así como el seguimiento y control de las solicitudes de amnistía.
Morena afirma que la expedición de este ordenamiento será un paso positivo para resarcir los efectos más lacerantes del sistema de justicia penal mexiquense, el cual, señalan, ha generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones al derecho de un debido proceso, a la libertad y a la integridad.
La segunda iniciativa fue planteada por el diputado Armando Bautista y pretende la reinserción social de personas que fueron privadas de su libertad injustamente. El diputado Bernardo Segura indicó que es necesario consolidar el sistema penitenciario en los tres órdenes de gobierno, con una visión humanitaria que permita lograr la reinserción social de personas que pudieron haber sido privadas de su libertad injustamente. Lamentó que en el contexto actual, la privación de la libertad, y no la prevención y la reinserción social, siga siendo la respuesta más empleada por el sistema de justicia, por lo que el enfoque de la reforma debe ser responsabilidad conjunta del gobierno y la sociedad, fomentando una cultura de la legalidad para combatir y prevenir el delito, de tal manera que existan mecanismos alternativos para la solución de controversias derivadas de los hechos delictivos.