Durante 2022, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realizó 8 mil 741 observaciones al manejo del erario, de las que mil 647 fueron a la Cuenta Pública estatal y 7 mil 094 a las municipales.
El Informe de Resultados del OSFEM detalla que el presupuesto ejercido ese año fue de 438 mil 323 millones de pesos, de los cuales 340 mil 238 millones de pesos correspondieron al ámbito estatal y 98 mil 085 millones de pesos al municipal.
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Las revisiones y las auditorías se realizaron a 525 entidades fiscalizables, 109 entidades estatales y 429 municipales.
La diputada Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, comprometió que la Cuenta Pública del penúltimo año de la gestión del ex gobernador Alfredo Del Mazo Maza será analizado a profundidad, en busca de erradicar de la entidad todo tipo de acto de corrupción y establecer un verdadero mecanismo que sancione esta conducta.
“Hasta ahorita yo no he visto, en muchos años, a nadie en la cárcel”, indicó, al referirse que a la fecha no se han sancionado los múltiples actos de corrupción registrados durante décadas en el Estado de México; no ha existido “castigo” alguno a todos aquellos que han desviado recursos y cometido actos deshonestos, pese a señalamientos concretos de desvío de recursos.
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En éste último caso, recordó, se encuentran el Instituto de Salud estatal (ISEM), el de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), y el presupuesto destinado a la decena de hospitales que, a más de una década de haberse iniciado y autorizado cientos de millones de pesos para su conclusión, siguen en obra negra y no han sido puestos en operación.
En su calidad de integrante de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, advirtió el gran reto de transformar y romper las barreras jurídico-administrativas que impiden castigar a todos aquellos funcionarios públicos que cometen actos de corrupción.
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Aseguró que en la actual administración estatal, el objetivo de la Legislatura consistirá en que las cuentas públicas se vuelvan ventanas de transparencia para que los ciudadanos tengan la garantía de que la revisión del gasto ejercido por las dependencias será eficaz, transparente, sobre todo con mecanismos de sanción oportuna para aquellos servidores públicos que tengan un comportamiento irregular.
Desafortunadamente, lamentó, en el Estado de México nunca se observaron acciones puntuales para el combate a la corrupción, pero adelantó que intensificará su trabajo para atajarla y a sus protagonistas. Para que así ocurra, anticipó la promoción de un paquete de iniciativas.
“Aquí no veo que se mueve un dedo”, señaló, pese a que hay una Ley Anticorrupción y un Instituto de Transparencia. Las cosas, añadió, tendrán que cambiar, confió, porque tal parece que pese a la existencia de ambas instancias la entidad sigue ocupando los primeros lugares en corrupción.