El detenido fue señalado por una mujer de agredirla físicamente y también a su hija menor de edad.
En nueve meses se han abierto 72 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en la entidad, cifra que lo único que destaca es el poco trabajo que realizan las dependencias encargadas de prevenir y erradicar dicho delito.
Los cambios nacieron de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación del feminicidio de Ingrid “N” registrado en 2020 en la Ciudad de México, ya habían sido avalados por el Congreso mexiquense en julio de 2021 y promulgados en Gaceta de Gobierno estatal en agosto de ese mismo año.
La tarde de este jueves su familia e integrantes de colectivos acudieron a las instalaciones del Juzgado de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, para dar inicio a la audiencia donde se emitió el fallo en contra de los dos imputados.
La propuesta de la morenista Anais Burgos plantea modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, con el objetivo de dotar a las dependencias estatales competentes de mayores herramientas institucionales y jurídicas para prevenir y atajar actos de violencia simbólica y mediática.
Los hechos no se sabe con exactitud cuando ocurrieron, pero la mamá de la menor interpuso la denuncia en Mogán, localidad de la isla de la Gran Canaria que pertencece a Las Palmas.
Mientras que en el año 2022, el Secretariado contabilizó 138 feminicidios en la entidad, siendo los municipios de Ecatepec, Valle de Chalco y Tlalnepantla los que más casos registraron, con 10, nueve y ocho, respectivamente.
Pese a está situación, en el Estado de México únicamente el 74% de los ayuntamientos cuenta con personal especializado para la detección, atención y prevención de situaciones de riesgo para las mujeres.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad SS, las llamadas de atención a víctimas son canalizadas al C5.
Karina Labastida, presidenta de la Comisión parlamentaria, detalló que, de ese monto, 60 millones serán para que las demarcaciones alertadas implementen acciones en materia de combate a los feminicidios, y el resto por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres
