Especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) alertaron que los gobiernos estatales, entre ellos el de la Ciudad de México, llevan a cabo un uso poco estratégico de los recursos públicos.
Guillermo Cejudo, David Gómez-Álvarez, Cynthia Michel, Damián Lugo, Humberto Trujillo, Calep Pimienta y Juvenal Campos, investigadores del CIDE, realizaron un análisis de las medidas económicas de los estados para enfrentar la crisis provocada por COVID-19, y determinaron que, si bien, las medidas enlistadas han sido contabilizadas y clasificadas, poco se ha dicho de su pertinencia y calidad. Esto se vuelve indispensable para poder evaluar y fiscalizar el destino de los recursos públicos, enfatizaron.
"Para poder asegurar que las medidas lleguen a las personas que las necesitan y que, eventualmente, sean vigiladas (evaluadas, fiscalizadas), sería deseable que estas fueran más transparentes para conocer su monto, duración y frecuencia", destacaron en su análisis.
Aunque un 65% de los instrumentos que las entidades emplean ante la pandemia fueron creados expresamente para atender la contingencia, 15% son adaptaciones realizadas a programas ya existentes y otros 9% fueron presentados como ya existentes sin ser adecuados para la emergencia.
Los expertos del CIDE enfatizaron que los gobiernos deberían anunciar, junto con las medidas, detalles acerca de su funcionamiento, para que la población pueda responder preguntas básicas sobre montos y periodos, "las cuales, además, serán cruciales para rendir cuentas sobre los resultados de estas medidas. En muchas de las medidas registradas, no hay información suficiente sobre estas características", añadieron.
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo es la dependencia que ha reportado el mayor número de registros (17) por seguro de desempleo, apoyo por pérdida de empleo formal, emergente a no asalariados, equivalentes a 3 787 millones 736 200 pesos; le sigue Bienestar e Inclusión, con 10 registros de acciones para poblaciones prioritarias en fondos para la inclusión, útiles y uniformes y mejoramiento barrial y comunitario, que representan 4 203 millones 788 480 pesos.