El además vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) precisó que el mecanismo de asignación será totalmente distinto, debido a que el salario rosa era operado a través de cientos de intermediarios que le daban un enfoque político y electoral.
La propuesta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca que los apoyos se dirijan a las mexiquenses que más lo necesitan, por encontrarse en condiciones de pobreza moderada, o extrema, de manera que se les priorice en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal.
El informe de la aplicación de los recursos y evolución de los programas sociales operados por la Secretaría de Desarrollo Social con corte al 31 de julio de 2023, consigna que ese mes, el posterior a los comicios por la gubernatura, no se ejerció un solo peso de los programas Comunidad Fuerte, Niñez Indígena y Desarrollo Integral Indígena.
La diputada María Luisa Mendoza, coordinadora de la bancada del tucán en la Legislatura mexiquense, consideró necesario incorporar la vigilancia ciudadana al ejercicio público y que su presencia se prevea en todos los programas y obras públicas.
El Salario Rosa, programa bandera de la administración saliente, reportó, para esa fecha, un avance de 42.39%, al devengar 2 mil 091 millones 746 mil 400 pesos, de los 4 mil 934 millones 844 mil 196 previstos como presupuesto, en favor de la totalidad de beneficiarias previstas: 447 mil 817 mujeres.
Todos los programas sociales de los tres niveles de gobierno entran dentro de la veda electoral, y los únicos que no pueden ser suspendidos son los relacionados con protección civil, emergencias sanitarias o siniestros.
Para estos programas se destinarán 66 mil 377 millones de pesos en este bimestre, en beneficio de 11 millones 239 mil 840 personas adultas mayores, 1 millón 284 mil 727 personas con discapacidad, y 247 mil 237 niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.
La iniciativa de la diputada Silvia Barberena expone que la ausencia de universalidad en las políticas sociales afecta principalmente a los más pobres, pues no garantiza a todos los ciudadanos determinadas protecciones o beneficios que se consideran necesarios para que participen plenamente en la sociedad en que viven.
Entre los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Desarrollo Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, también se plantea que la inobservancia de estas reformas implique procesos y sanciones de carácter administrativo.
