Ciudadanos que participan en el Parlamento Abierto para una eventual reforma integral a la Constitución local plantearon elevar a rango constitucional la #3de3 contra la violencia de género (por violencia política, violencia intrafamiliar y para deudores alimentarios) como una falta administrativa grave para los servidores públicos.
La iniciativa, presentada por el colectivo Constituyentes Feministas MX, recuerda que ya existe una #3de3 en materia electoral, para prohibir la postulación como candidatos a quienes tengan sentencia ejecutoriada por estas faltas, pero consideraron necesario ampliar el espectro al fiscal de Justicia, los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y magistrados, a fin de que en sus casos estas conductas sean consideradas una falta administrativa grave.
La intención, plantearon, es que no haya ningún agresor en el Poder, por lo que debe aplicar para cargos de elección popular, asignación, designación o concurso.
Durante la reunión de la Comisión de Igualdad Sustantiva, Diversidad y Política de Género del Secretariado Técnico para la reforma constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), la propuesta para que en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios se tipifique como una falta administrativa grave la violencia de género cometida por servidores públicos, recibió respaldo mayoritario.
También logró aceptación la que propuesta que plantea inhabilitación de uno a cinco años por negligencia médica reiterada, presentada por Mariana Jiménez Hernández en nombre Voces Sororas.
De igual forma, se respaldó la que pretende modificar el artículo 81 Constitucional, planteada por Rocío Fragoso Vázquez, de la asociación Velar por Ti, para exigir la debida diligencia de los Ministerios Públicos certificados en atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, con la que se pretende abonar para desaparecer la violencia institucional y la revictimización.
De igual manera, los parlamentarios respaldaron la necesidad de capacitar a los ministerios públicos con perspectiva de género y brindar servicios médicos y productos de higiene íntima para garantizar condiciones de igualdad en los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres, y la iniciativa de la Organización Civil Más Sueños, presentada por Nayeli Arenas Morales, para establecer en la Ley General de Salud estatal que el derecho a la protección de la salud incluya el autocuidado emocional, brindar servicios médicos y productos de higiene personal íntima, y campañas de información y orientación.
Además, obtuvo consenso el planteamiento para sancionar la violencia contra menores de edad, capacitar a padres y madres de familia para lograr el sano desarrollo de menores, y hacer obligatorio la terapia psicológica para agresores. Y se analizaron propuestas para crear el Consejo Mexiquense de la Juventud, garantizar mayor participación de jóvenes en cargos de elección, disminuir la edad en la que el Estado reconoce con la ciudadanía a las personas, erradicar la discriminación, prevenir acoso escolar, entre otras.