Los gobiernos de Tlatlaya y Ametepec podrían estar violando el derecho al libre tránsito tutelado por la Constitución General de la República, y ser sujetos de responsabilidad por su determinación unilateral de cerrar las carreteras para evitar contagios de COVID-19, alertó la diputada Azucena Cisneros, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la Legislatura local.
Si bien, admitió que decidir sobre el cierre de una vialidad corresponde a las administraciones municipal, estatal o federal, dependiendo de su jurisdicción, a la fecha no se ha dictado la disposición del cierre desde ningún tipo de organismo; es decir, ninguna disposición oficial permite u obliga el cierre de fronteras, por lo que no se deben tomar a libre albedrío medidas no avaladas.
La morenista aprovechó para llamar a los presidentes municipales del sur del estado, y a quienes “tengan la tentación del cierre de sus fronteras”, a recapacitar y rectificar, pues con la medida, lejos de ayudar, perjudican el libre tránsito humano, la economía local y dotación de insumos de primera necesidad, la prestación de servicios, etcétera.
“(El cierre de carreteras) no creo que sea la mejor decisión; incluso puede ser contraproducente el bloqueo de caminos, por ejemplo, en el caso de las emergencias o para la reactivación económica”, manifestó.
La diputada aclaró que las estadísticas del gobierno federal demuestran que en el Estado de México el mayor número de contagios se concentra en las zonas metropolitanas, por lo que el sur del estado tiene un contagio simbólico, de tal manera que el cierre de carreteras ni siquiera se justifica. En todo caso, dijo, debe haber disciplina para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, mantener la sana distancia, el aislamiento, disminuir la movilidad sin bloquearla, dejar que el comercio fluya, porque el COVID-19 también acarreó un problema económico que, lejos de solucionarse, se puede agudizar.
Cisneros Coss consideró que entre autoridades, e incluso población, existe una falsa concepción de la enfermedad, aunque entiende que los alcaldes tomaron la determinación con ánimo de resguardar a sus comunidades.
Sin embargo, insistió en su llamado a buscar otros mecanismos que frenen los contagios, acordes con las disposiciones sanitarias y los derechos humanos:
“Nada a la fuerza, todo por la vía de la razón, para que los ciudadanos accedan a disminuir sus salidas. Que se saniticen permanentemente los espacios públicos. Hay otras medidas que no implican el extremo de cerrar las comunidades”, añadió.