Para contribuir a la protección del derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables de la población en contextos de emergencia o desastre, natural o antropogénico, como la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) firmaron una carta de intención que busca impulsar el desarrollo de acciones y herramientas que permitan lograr este fin.
En el marco de la segunda sesión del Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (CN-APCE), María del Rocío García Pérez, Titular SNDIF, y Lina Pohl Alfaro, Representante de la FAO en México, encabezaron la firma del documento, cuya intención es promover la protección del derecho a la alimentación de niñas, niños y familias en el contexto de la emergencia que enfrenta el país y el mundo.
Ambas instancias se comprometieron a coadyuvar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la generación de acciones y herramientas que fomenten la capacitación, la promoción y la prestación de servicios de asistencia social alimentaria a niñas, niños y familias en condiciones de vulnerabilidad, priorizando a quienes han sido afectados y vulnerados en su derecho a la alimentación por la emergencia sanitaria del COVID-19.
García Pérez señaló que las personas más vulnerables enfrentan condiciones adversas que limitan su desarrollo y calidad de vida, por lo que la aparición de fenómenos naturales o de contingencias como la pandemia del COVID-19, causan mayores estragos en ellas, pues acaban con lo poco que poseen y ponen en riesgo su integridad física.
“Para el gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador una de las prioridades es generar en el país las condiciones que eviten el sufrimiento y deterioro humano y social, por eso en el DIF Nacional asumimos con responsabilidad esta tarea, la cual solo es posible con el trabajo conjunto”, dijo.
En tanto, la Representante de la FAO en México expuso su compromiso por iniciar esta colaboración con el Sistema Nacional DIF, para hacer efectivo el derecho a la alimentación sana entre la niñez y las familias mexicanas, enfrentado los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia.
“En América Latina y el Caribe el hambre ha venido aumentando desde hace varios años y los efectos económicos derivados de la emergencia sanitaria, lamentablemente, van a acelerar esta problemática. Es por ello que celebramos el interés y voluntad política que muestra el Sistema Nacional DIF por ocuparse de asegurar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para las familias en condiciones de vulnerabilidad”, expuso Lina Pohl.
La funcionaria internacional refrendó la decisión de la FAO para acompañar técnicamente a las instituciones del Estado Mexicano, para cumplir sus objetivos de transformar el sistema alimentario del país, para que sea más sostenible, resiliente e incluyente en cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
El objetivo, indicado (o asentado) en la carta intención firmada por el SNDIF y la FAO, es coadyuvar en la prevención, mitigación, atención y recuperación de la población afectada, para contribuir a su acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
LA GUÍA APCE
Durante el evento se presentó y aprobó la Guía de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, la cual fue liderada técnicamente por la FAO, y contiene recomendaciones para las instancias y personal responsables de la atención a la población beneficiaria de la asistencia social ante una situación de emergencia o desastre.
El uso de este documento permitirá planificar, promover y coordinar entre los distintos órdenes de gobierno y sectores públicos, privado y social, locales e internacionales las acciones para proteger, contener y en su caso, disminuir el impacto de los eventos que pueden desencadenar desastres sobre esta población.
La aplicación de las acciones que se recomiendan en la Guía considera las sinergias necesarias dentro de los distintos niveles de gobierno y de las comunidades durante las etapas para prepararse y enfrentar dichos eventos, por lo que se contempla la participación de los Sistemas Estatales y Municipales DIF, de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares que se identifiquen en el terreno, el tipo de evento y la etapa (prevención, previsión, atención y recuperación) en que se encuentren transitando dentro del proceso de la gestión integral de riesgo de desastres.