El gobierno chileno señaló este lunes que “rechaza y no reconoce la legitimidad” de las elecciones celebradas ayer en Nicaragua, “las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial”. Según publicó la Cancillería chilena en un comunicado, el proceso electoral nicaragüense “careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente”.
“La jornada se realizó en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento de líderes y candidatos opositores, represión de los partidos independientes, persecución sistemática a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales y bloqueo a los medios de comunicación”, agrega el documento.
A su vez, las autoridades chilenas hicieron un llamado a la liberación “sin condiciones” de los presos políticos del régimen de Ortega, así como a “restaurar la vigencia de los derechos civiles y políticos, autorizar el ingreso de organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos y terminar con el acoso a la oposición”.
De acuerdo con el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Ortega fue reelegido con el 74,99 % de los votos, resultado que también fue rechazado por la Unión Europea considerando el proceso carente de “garantías democráticas” y que consolida un “régimen autocrático” en el país centroamericano.
“Las elecciones que han tenido lugar en Nicaragua el 7 de noviembre se han celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. Daniel Ortega ha eliminado toda competencia electoral creíble, privando al pueblo nicaragüense de su derecho a elegir libremente a sus representantes”, dijo Josep Borrell -Alto Representante de la Unión Europea- en el comunicado.
De acuerdo al funcionario europeo, la “integridad del proceso electoral quedó anulada por el encarcelamiento, el acoso y la intimidación sistemáticos de precandidatos presidenciales, dirigentes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de empresas”.
El exguerrillero sandinista, que el jueves cumple 76 años y está en el poder desde 2007, buscaba su quinto mandato presidencial de cinco años y cuarto consecutivo, entre cuestionamientos a su legitimidad por la detención de siete aspirantes presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales contendientes y por la eliminación de tres partidos políticos, además de episodios de cruda represión.