El Congreso incumplió el plazo de financiación de medianoche, lo que desencadenó el primer cierre del gobierno estadounidense en casi siete años, y el tercero bajo el mandato del presidente Donald Trump.
La oficina de presupuesto de la Casa Blanca ordenó a las agencias que comenzaran a ejecutar sus planes para un corte de fondos, cerrando el gobierno salvo las tareas esenciales, interrumpiendo los empleos de cientos de miles de estadounidenses y alterando muchos servicios públicos.
Con ambos partidos en un punto muerto sobre los subsidios a la atención médica y aprovechando la situación para justificar las elecciones intermedias de 2026, el cierre —y sus efectos económicos— podría prolongarse.
Si el cierre dura tres semanas, la tasa de desempleo podría dispararse del 4.3 por ciento en agosto al 4.6 por ciento-4.7 por ciento, ya que los trabajadores en ERTE se contabilizan como desempleados temporales, según Bloomberg Economics.
¿Qué implica el cierre?
Los planes de contingencia ya están activados. Parques nacionales, museos y oficinas administrativas comienzan a cerrar sus puertas. El correo, la defensa y la seguridad nacional siguen operando, aunque con personal reducido. Para los trabajadores federales, el impacto es inmediato: miles enfrentan licencias sin sueldo —conocidas como furlough— y otros deben seguir en sus puestos sin percibir salario hasta que el Congreso desbloquee los recursos.
Cada agencia cuenta con protocolos que detallan qué operaciones se suspenden y cuántos funcionarios se quedan en pie para mantener lo indispensable.
Costos políticos y económicos
Los cierres no son solo una parálisis administrativa: también cuestan. El último, en 2018-2019, duró 35 días, el más largo en cuatro décadas, y le significó al país unos US$ 3.000 millones en pérdidas de PIB, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El Senado prevé votar de nuevo sobre la propuesta republicana, pero no está claro cuántos días —o semanas— podría prolongarse el cierre.