La institución tendría carácter autónomo para administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y sentido social los bienes que le sean transferidos.
La Constitución estatal establece que, a partir de la ausencia definitiva del fiscal, la Legislatura cuenta con un plazo improrrogable de 20 días naturales para integrar y enviar al Ejecutivo una lista de hasta diez candidatas y candidatos al cargo.
Para la legisladora, además de violentar la norma, estas conductas son vulgares actos de clientelismo político al estilo de la pre-modernidad democrática en México.
El diputado Omar Ortega consideró necesaria esta modificación al Código Penal del Estado de México, debido al alto índice de violencia en la entidad, particularmente contra mujeres, adolescentes y niñas.
ISSEMyM paga más de mil millones de pesos a las 18 principales empresas proveedoras de medicamentos, materiales de curación, bienes muebles y suministros, pero éstos no se surtan.
Mientras Ariel Juárez exponía desde tribuna la necesidad de indagar las razones por las que los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo han sido tan condescendientes con OHL, hoy Aleatica, el panista Francisco Santos se levantó de su curul y comenzó a gritarle “mentiroso”, “ratero”, “págame lo que me debes” y hasta le mentó la madre.
La Ley de la Fiscalía General de Justicia de la entidad establece que a partir de la ausencia definitiva de su titular, la Legislatura tiene un plazo de tres días naturales para emitir la convocatoria, por lo que el plazo vence el próximo sábado.
En el marco del Foro “Matrimonio Igualitario: La exclusión implícita en el Estado de México”, la legisladora reconoció que la iniciativa no se encuentra entre las prioridades de la Jucopo para el segundo periodo ordinario de sesiones.
El trabajo legislativo del Revolucionario Institucional tiene fundamento en el encuentro ciudadano.
De entre todas las solicitudes, destacó la necesidad de priorizar las de los pueblos indígenas y campesinos, al tratarse de sectores históricamente marginados del acceso a la justicia.
