Los legisladores lamentaron que, bajo el argumento de apoyar obras del gobierno federal, se haya concedido ya a la actual administración estatal la contratación de 23 mil millones de pesos en nuevos créditos, de tal manera que los pasivos centrales ascienden a 47 mil 238 millones.
El gobernador Alfredo del Mazo, consideró, debió salir a decir que reprueba los actos del síndico de Amanalco y que apoyará las investigaciones y que se llegará hasta las últimas consecuencias por el ataque violento en contra de una mujer. Recordó que la propia Martínez ya pidió el apoyo del gobierno estatal, pero hasta ahora no hay respuesta.
La panista Ingrid Schemelensky, presidenta de la Mesa Directiva durante el primer periodo ordinario, informó que el Congreso local recibió, entre el 5 de septiembre y el 18 de diciembre de 2021, 394 iniciativas y 79 puntos de acuerdo
La morenista consideró que lo anterior es posible con la reconducción de 17%, equivalentes a 19 mil millones de pesos, del gasto corriente, con lo que también debería descartarse la solicitud de deuda por 9 mil 500 millones.
Respecto del periodo extraordinario, éste tiene el propósito de resolver los dictámenes del denominado Paquete Fiscal consistentes en los dictámenes de las Leyes de Ingresos del Estado de México, de Ingresos de los Municipios y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México de 2022.
Hernández González insistió en que, por procedimiento legislativo, corresponde presidir los trabajos de las comisiones unidas a la presidenta de Planeación y Gasto Público, y lamentó la actitud del legislador Francisco Santos.
Los magistrados consideraron que, a partir del cúmulo probatorio, se actualizó la figura de calumnia, pues en el expediente no obra declaración judicial firme que lo hubiese condenado por la conducta señalada.
Este Comité tendrá la encomienda de evaluar cada solicitud; para reestructuración o refinanciamiento de deuda, se autorizará siempre y cuando se cumplan los requisitos y garanticen mejores condiciones de pago
El artículo quinto de la Ley de Ingresos de los Municipios dispone que los ayuntamientos podrán contratar créditos para inversiones públicas productivas o para la reestructuración o refinanciamiento de pasivos.
