En conferencia con los consejeros previo a la jornada electoral, el presidente del INE dijo que ya se han desplegado alrededor de 3 mil 300 elementos de las Fuerzas Armadas, quienes se encargarán de resguardar documentación y garantizar un ambiente de seguridad en las casillas.
Hasta el momento, informó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, no se tienen reportes de alguna complicación o incidente en el traslado de la papelería.
Entre esas denuncias, informó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela, está la entrega de tarjetas por distintos candidatos, entre ellos el del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza, y del PVEM en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.
El dirigente aseguró que la investigación en contra de Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD al Gobierno de Nuevo León no es de competencia del consejero electoral y le exigió dejar de mostrar "su parcialidad".
Presentaron un recurso ante la Sala Superior en el que acusan a los consejeros electorales de actuar de manera inconstitucional, por lo que demandan hacer valer el derecho pro persona y se revise su actuación, pues cinco de sus colegas advirtieron que era desproporcionada la sanción contra el morenista.
El documento ordena al coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México la suspensión de todo tipo de difusión de la tarjeta rosa y mandata al gobernador Alfredo del Mazo a contribuir en el cumplimiento de la determinación de la autoridad electoral, a través de los servidores públicos legalmente facultados.
La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó el retiro de ambas candidaturas luego que el TEPJF le ordenó calificar nuevamente la sanción.
En defensa de su partido, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, acusó al INE de no cumplir con lo que mandató el Tribunal Electoral.
A través de su cuenta de Twitter, el Magistrado recordó el INE negó los registros de Salgado Macedonio, aspirante de Morena al Gobierno de Guerrero, y de Morón, candidato del mismo partido a la Gubernatura de Michoacán, por el incumplimiento en el tiempo de entrega de los informes de gastos, lo que implicó una afectación al derecho fundamental de votar y ser votado.
