Para recabar la opinión de los mexiquenses sobre la necesidad o no de enjuiciar a los expresidentes del país, en el Estado de México el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará 7 mil 700 casillas el próximo primero de agosto.
Aunque para los activistas que promueven la consulta popular, esta cifra resulta insuficiente, dada la complejidad para el traslado de los ciudadanos en la entidad y es apenas la tercera parte de las casillas instaladas en la elección del pasado 6 de junio.
Desde la Alameda de Toluca, Ariadna Bahena, víctima de desplazamiento forzado en Guerrero e integrante del Comité promotor ante el Senado, recordó que este ejercicio fue promovido en septiembre pasado por 2.1 millones de ciudadanos mexiquenses.
“No es venganza, es justicia. Vivimos en la desigualdad, en la precariedad; este ejercicio nos empodera. Debemos dar el debate público en los espacios públicos”, destacó.
Indicó que hay quienes defienden la impunidad, mientras la mayoría de los ciudadanos tiene sed de justicia. Enfatizó la necesidad de llevar a juicio a los actores políticos del pasado, no solo a los expresidentes, también a exgobernadores y exdiputados, algunos que “cínicamente saltan de partido en partido para seguir violentando al pueblo y seguirlo excluyendo de la toma de decisiones”.
También invitó a los ciudadanos a participar en este ejercicio como vigilantes; la convocatoria cierra el 15 de julio. Esto, desde su punto de vista, frenará trampas como las del INE, quien para que los resultados sean vinculantes (obligatorios), demanda que participe 40% de la lista nominal, es decir, 38 millones de mexicanos, sin ofrecer garantías para que así ocurra porque sólo instalará 57 mil casillas en todo el país (7 mil 700 en la entidad), que apenas son una tercera parte de las instaladas el 6 de junio pasado. Con este ejercicio, confió, inauguraremos la época de las consultas populares.
Por su parte, Omar García, sobreviviente de la matanza de Ayotzinapa, recordó que este caso sumó 5 años en la impunidad, tan sólo durante el sexenio de Enrique Peña.
Indicó, sin embargo, que la afectación no es sólo a 43 estudiantes, pues conforme pasan los días se han sumado miles de víctimas en todo el país de delitos como desaparición forzada, violaciones graves a los derechos humanos, feminicidios, asesinatos de periodistas y luchadores sociales de todos los sectores, entre otros.
Por esta razón, dijo, es necesario, por la vía institucional, llevar a los responsables y sus cómplices en los tres Poderes y los partidos políticos, algunos de los cuales llaman a no votar.
“Si logramos enjuiciar a Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, los actuales y futuros presidentes lo pensarán dos veces cuando quieran continuar la guerra contra el narco, criminalizar la lucha social, etc.
“De eso se trata la consulta popular, de poner freno al ejercicio del poder político, de hacer realidad que la soberanía reside originariamente en el pueblo y no en la clase política. Ya tenemos derecho a votar y ser votados, pero ellos secuestraron la política y nosotros debemos inmiscuirnos. No debemos quedarnos en la protesta y las revoluciones armadas, hay que aprender a administrar el estado, no sólo a encumbrar a revolucionarios que luego se convierten en clase política que desplaza al pueblo que hizo la revolución; debemos equilibrar la balanza, andar atrás de ellos aunque no les guste; debemos asumir responsabilidades como población”, dijo, tras rememorar un meme en el que se advierte: “¡Nunca sentí tanta alegría por ir a votar por estos cabrones!”
Pedro Moreno, activista de Tenango del Valle, recordó que en su juventud, la manifestación ciudadana en una plaza pública los volvía sujetos de asedio y persecución, como ocurrió con los movimientos estudiantiles del 68 y el 71. Consideró que los ciudadanos no podemos permitir que los expresidentes sigan disfrutando de lo robado al pueblo.
“Pidamos que se enjuicie a estos tremendos por la deuda pública, por las violaciones de derechos humanos, el manejo indiscriminado de las finanzas públicas, los hospitales (que son elefantes blancos)”, señaló.
Sheila Franco, promotora del sector feminista, indicó que la consulta permite exigir justicia a las mujeres por crímenes como los feminicidios, por vejaciones como las de Atenco, en la entidad del país más peligrosa para ser mujer.
“Tachemos el Sí, pensando en ellas”, apeló.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), indicó que la consulta popular es un ejercicio de memoria histórica que ha mostrado grandes resistencias; recordó que constitucionalmente todo poder emana del pueblo y debe ser en su beneficio,lo que no ha ocurrido cuando se criminaliza la pobreza y la inconformidad de los pueblos que se oponen al despojo en favor de los desarrollos inmobiliarios y las cuentas privadas en Andorra.
Recordó que para que los resultados de la consulta sean obligatorios, se requiere la participación de al menos 38 millones de ciudadanos, por lo que es necesario acudir a las urnas.
Finalmente, Lizeth Pérez, coordinadora estatal consulta popular “Juicio sí, impunidad no” en el Estado de México, destacó la necesidad de que los ciudadanos dejemos de ser pasivos y nos involucremos en el ejercicio de gobierno a través de la democracia participativa con el uso de instrumentos como las consultas populares.