Familiares de internos se manifiestan en penal de Tenango del Valle por malos tratos
En protesta por malos tratos, actos de extorsión y de tortura contra las personas que se encuentran privadas de la libertad.
En protesta por malos tratos, actos de extorsión y de tortura contra las personas que se encuentran privadas de la libertad.
El diputado Ariel Juárez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario en la Legislatura local, planteó la necesidad de blindar el ejercicio además con la participación de observadores electorales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y las Secretarías de la Mujer y de Justicia.
El morenista advirtió que la trifulca en el penal de Chiconautla es muestra de la realidad que se vive en las cárceles mexiquenses, por lo que urgió a atender la problemática de sobrepoblación, abusos y autogobierno que existe en ellas.
El diputado local por Morena indicó que las autoridades penitenciarias desconocen a la Comisión y arguyen que no saben cuál es su función; “hay un oficio que limita incluso que los diputados y los asesores podamos entrar”, dijo.
La primera etapa de los recorridos arrancará en el Penal Neza-Bordo y, tentativamente, terminará el 18 de marzo de 2023 en la Penitenciaría Modelo; en noviembre.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, de enero a junio incrementaron hasta en un 50 por ciento, principalmente en los municipios cómo Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz.
En sesión de trabajo de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Juárez Rodríguez advirtió que la inaplicación del presupuesto afectó los servicios médicos en los centros de reclusión estatal, situación que se recrudece cuando se trata de atender las enfermedades crónico-degenerativas de los internos.
La modalidad para que los internos puedan emitir su voto será a través de postal, tal y cómo se hace para quienes radican en el extranjero.
El morenista precisó que en el país hay 287 centros penitenciarios, de los que 14 son federales y el resto estatales; en ellos, hay 223 mil 385 personas privadas de la libertad: 210 mil 774 hombres y 12 mil 611 mujeres.