La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) y Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDHAC) solicitaron a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales estar pendientes de la huelga de hambre que iniciarán familiares y personas privadas de la libertad (PPL) el próximo 10 de abril para exigir abasto de agua, alimentos y medicamentos en las cárceles mexiquenses.
Además, responsabilizaron a las autoridades estatales de cualquier medida de represión en contra de los participantes para frenar u ocultar la protesta.
A la fecha, en la huelga de hambre indefinida se tiene prevista la participación de integrantes de PIDHAC, familiares de PPL, e incluso de 3 mil internos de los penales de Otumba, Texcoco, Barrientos, Neza-Bordo, Chiconautla, Santiaguito, Tenango del Valle, Chalco, Tenancingo y Sultepec, que concentran 60% de la población penitenciaria estatal.
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También se instalarán módulos de protesta en la Ciudad de México (CDMX) y en la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de exigir al gobierno del Estado de México dar respuesta puntual a la crisis alimentaria, falta de agua y medicamentos en las cárceles mexiquenses.
La RSDCIAC expuso que sobre la huelga se encuentran enterados y permanecerán vigilantes la Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para México y la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Además, pidió a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales estar atentos a cualquier acto de represión en contra de las PPL participantes en la huelga, y responsabilizó al Estado de cualquier afectación a la integridad de los huelguistas y sus familias.
José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presunción de Inocencia, indicó que la huelga de hambre es una medida última, después de que la Secretaría de Seguridad Estatal afirmara que se encuentran garantizados los insumos en los centros preventivos y de readaptación social de la entidad, sin que sea cierto.
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Expuso que con el cambio de administración estatal existía la esperanza de que el sistema de procuración y administración de justicia, y el penitenciario, se reformaran y se despresurizaran los penales mexiquenses, donde 46% de los internos ya alcanzan algún beneficio, o se ha confirmado que fueron víctimas de carpetas fabricadas, violaciones a los derechos humanos, tortura y/o violaciones al debido proceso, pero siguen detenidos.
No obstante, lamentó, se agudizó el desabasto de agua, alimentos, medicamentos, y se incrementaron las violaciones a los derechos humanos, al grado que, en lo que va de la administración, un promedio de 50 internos han sido asesinados y en 14 de estos casos sus familiares son integrantes de PIDH, de allí la necesidad de estar atentos para evitar represalias.