El gobierno de México acusó que empresas estadounidenses fabricantes de armas pueden ser consideradas cómplices indirectos de la delincuencia organizada, al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos es parte de la cadena de tráfico ilícito de armas y no modificar sus políticas.
En la demanda presentada en la Corte de Massachusetts, el Gobierno mexicano sostuvo que al menos ocho firmas han facilitado que la delincuencia organizada use prestanombres, empresas fantasma y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México.
Por ello, señaló que estas empresas saben que sus armas se venden en el marco de la legalidad estadounidense para ser traficadas ilícitamente a México y no hacen nada para prevenirlo.
En el documento se añade que las armerías están obligadas a garantizar que sus distribuidores y comerciantes no abastecerán imprudente o ilícitamente el mercado delictivo mexicano.
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que desde que EU eliminó la prohibición de venta de armas de asalto en su territorio en 2004, las armerías incrementaron su producción, distribución y comercialización, mientras en los cuatro años siguientes, la posesión ilegal de armas en México se multiplicó y la tasa de homicidios aumentó 45 por ciento, al pasar de 9 mil 324 a 13 mil 627 en 2008.
Según el consejero jurídico, se prevé que a finales de mayo el juez decida si se acepta o no la demanda. Para ello, cuenta con argumentos del Gobierno Mexicano y las armerías, así como la opinión de 14 procuradores y 27 fiscales favorables a la demanda.
Funente: vanguardia.mx