El Senado de la República aprobó el nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal general de la República, con 97 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, partido de oposición que decidió otorgar sus seis votos a la fiscal a cambio de la firma de un decálogo de compromisos para mejorar la gestión de la FGR.
Además de los 97 votos a favor, se emitieron 19 votos en contra y 11 nulos, entre ellos los de senadores como el priista Alejandro Moreno y la panista Lilly Téllez, quienes escribieron consignas en la cédula de votación en rechazo al proceso. “No a la mafiocracia”, ha escrito Téllez, quien aprovechó la comparecencia de las tres aspirantes para preguntar a Godoy si va a perseguir a los políticos morenistas acusados de casos graves de corrupción.
La nueva fiscal rindió protesta ante el Senado esta misma tarde y, durante su intervención en la comparecencia previa ante los senadores, ofreció que no habrá persecución política, pero advirtió que tampoco habrá impunidad. “No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben las acciones parciales ni con tintes políticos; la procuración de justicia que propongo es aquella leal a los principios y valores de la patria, sin posibilidad tampoco de negociación, la justicia no se negocia”, afirmó. Y cerró su discurso con una frase que solía repetir el expresidente Andrés Manuel López Obrador: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.
Ernestina Godoy ocupa el despacho desde el pasado viernes, luego de la renuncia forzada de Alejandro Gertz, quien antes de irse firmó un acuerdo que convirtió a la funcionaria morenista en fiscal especial de Control Competencial, justo el cargo que señala la ley para suplir al titular en caso de ausencia definitiva.
El proceso exprés para destituir a Gertz y colocar en la FGR a Godoy -una militante de Morena que en 2024 fue electa senadora de la República y que hasta hace una semana era consejera jurídica de la Presidencia- fue denunciado por la oposición como una maniobra política que acabará con la autonomía constitucional de la Fiscalía y que busca encubrir a políticos de Morena presuntamente involucrados en diversos casos de corrupción.