La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que previo al inicio de las conferencias mañaneras haga público un mensaje en el que se mencione el objeto de ésta, así como los límites constitucionales a los que deben sujetarse los servidores públicos, para no afectar el principio de equidad de la contienda federal en marcha.
Durante la sesión celebrada este miércoles, los integrantes de la Comisión solicitaron también a la Presidencia de la República retirar de todas las plataformas oficiales el contenido de las conferencias celebradas el 7, 8 y 13 de septiembre.
Y reiteraron su llamado al Ejecutivo Federal para que se abstenga de hablar sobre temas electorales durante dichas conferencias, para no vulnerar los principios de equidad de la contienda federal en marcha.
Ello, luego de aprobar una medida cautelar bajo la modalidad de tutela preventiva.
"Por advertirse conductas posiblemente antijurídicas, cuya continuación o repetición deben evitarse a futuro a fin de que no se violen de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben garantizarse y observarse en todo tiempo, incluso, previo al inicio del proceso electoral”, se expuso.
La queja tiene su origen en la denuncia que presentó la senadora panista Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México (FAM), en contra del mandatario federal por uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda electoral que inició el pasado 7 de septiembre.
La consejera Claudia Zavala recordó que los servidores públicos deben ajustar su conducta a lo que marca la Constitución y las leyes electorales, para no vulnerar los principios de equidad en la contienda.
“Es momento de enviar el expediente a la Sala Especializada (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) para que en el fondo pueda realizar este contumaz incumplimiento de las medidas cautelares que también ya ha confirmado la Sala Superior”, solicitó.
El consejero Arturo Castillo también se sumó al proyecto, para evitar que se repitan nuevamente ese tipo de actos, pues debe quedar claro que el artículo 134 constitucional marca los límites a que deben ajustarse los servidores públicos, incluido el Jefe del Ejecutivo, posicionamiento que respaldó la consejera Rita Bell López.
Fuente: politica.expansion.mx