La senadora priísta Claudia Anaya presentó este lunes, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), una denuncia de hechos en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por incurrir presuntamente en violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La denuncia se desprende del hecho de que Durazo mintió en la información presentada en una carpeta a la Cámara alta y en su comparecencia ante senadores, el 5 de noviembre pasado.
En la reunión, sostuvo que nadie había dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán, tras el operativo fallido del 17 de octubre pasado, hecho que públicamente fue contradicho por el presidente de la república, quien apenas el viernes reveló haber dado la orden de liberar al hijo de "El Chapo" Guzmán.
De acuerdo con la denuncia, Durazo incumplió con la obligación prescrita en el primer párrafo del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala que un servidor público debe seguir los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas y eficiencia.
"Se presume que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, falta a la verdad en la comparecencia ante el Senado de la República del 5 de diciembre de 2019, al manifestar bajo protesta de decir verdad que 'nadie decidió liberar a Ovidio, nunca contamos con la orden de detención, porque, en el momento que esta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable.
"'Lo que nosotros hicimos fue ordenar el retiro del personal, que como se ha visto en diversos videos que no hemos tenido jamás la intención de ocultar, que con toda transparencia se hicieron del conocimiento público, así es que los integrantes del Gabinete de Seguridad, mi Almirante Ojeda, el General Sandoval y un servidor tomamos la decisión de común acuerdo del repliegue de nuestro personal, aun y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido', lo cual es presuntamente falso conforme a lo plasmado en los puntos 3, 5 y 6 del capítulo de hechos del presente documento", plantea la denuncia.
Conforme al documento, Durazo violó, presuntamente, lo dispuesto en las fracciones II y III, segundo párrafo, del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que a la letra dicen:
"Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley;
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que estas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 93 de la presente Ley"
Lo anterior, en virtud de que, presuntamente, fue omiso en denunciar la orden del titular del Ejecutivo federal de que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad al delincuente (Ovidio Guzmán López), lo que, supuestamente, violenta lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional.