El Gobierno federal anunció la cancelación del contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, quien resguardaba el albergue de Ciudad Juárez donde ocurrió el incendio que mató a 39 migrantes, y se tienen identificados a los socios, representantes y apoderados legales para iniciar las investigaciones. Además, se libraron seis ordenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y el migrante que inició el fuego, confirmaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Tenemos identificada y se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada, que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es grupo de seguridad privada, CAMSA S.A. de CV, cuya solicitud de registro ante la dirección General de seguridad privada de esta Secretaría es del 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional”, dijo la Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa.
La Secretaria agregó que ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.
“De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”, destacó la funcionaria.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir, no reportó altas o bajas del personal.
Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, informó que se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio por los delitos de homicidio doloso, con dolo eventual y por lesiones.
La funcionaria de la FGR no dio nombres de los presuntos responsables debido a que en el transcurso del día se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación.
Habrá reparación del daño
La encargada del gabinete de Seguridad, dijo que por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciará un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar el monto de la reparación del daño para los familiares de las víctimas.
Fuente: Sin Embargo / Excelsior