La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los estados que aprueben, promulguen y publiquen sus propias leyes de amnistía, en consonancia con la norma federal aprobada el lunes.
"Esta ley federal tiene que ser una ley, que en espejo, sea también promulgada y publicada por las diversas entidades federativas", explicó en una reunión virtual con autoridades latinoamericanas de justicia. "Porque la mayor parte de los delitos para ser excarcelados u obtener su libertad en una mayor proporción, son delitos del fuero común, no del fuero federal".
El 20 de abril, en una sesión convocada en medio de la crisis sanitaria, y tras críticas de la oposición, el Pleno del Senado aprobó la Ley de Amnistía, que busca liberar a presos ante la emergencia por COVID-19.
Contempla otorgar el perdón por aborto, robo simple, consumo de drogas y delitos contra la salud, a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, o a quienes no hayan contado con intérpretes en lengua indígena durante sus procesos.
"Tenemos esta ley federal de amnistía, pero estamos pidiéndoles, solicitándoles y promoviendo en las diferentes entidades federativas que ellos mismos promulguen y publiquen leyes de amnistía estatales", recalcó.
Sánchez Cordero subrayó que la Ley de Amnistía, cuya aprobación fue acelerada precisamente para despresurizar los penales federales ante la crisis sanitaria, privilegia medidas urgentes para poder excarcelar a mujeres embarazadas, adultas mayores e indígenas, "y también a personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, estamos excarcelando a mujeres que hayan cometido el delito de aborto, tenemos muy pocas a nivel federal, casi todas (están acusadas) de delitos del fuero común en materia de aborto", manifestó. "Tanto a la "madre" (...) como a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras que intervinieron en este delito".
Sánchez Cordero explicó a los representantes de naciones como Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, que la Ley de Amnistía también considera como beneficiarias a personas acusadas de algunas modalidades de delitos contra la salud, siempre y cuando, aclaró, sean personas que se encuentren en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, pertenezcan a alguna comunidad indígena o tengan una discapacidad permanente.
"Por ejemplo, nosotros tenemos un tema (con) mujeres que transportan droga, pero que son indígenas que ni siquiera hablan el español, y que son engañadas para transportar una mochila o alguna maleta con drogas", detalló. "Estamos considerándolas por su extrema vulnerabilidad. Algunas de ellas ni siquiera tuvieron un debido proceso. O personas consumidoras de drogas que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores a las permitidas".
En compañía de Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, Sánchez Cordero enfatizó que no se concederá amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida o contra la integridad corporal, como secuestro, "o hayan cometido, o utilizado en el delito armas de fuego. Entonces sí hemos establecido hipótesis normativas para poder otorgarles el beneficio de libertad anticipada a estas personas que están privadas de su libertad por estos tipos penales", añadió.