Sus integrantes, en su mayoría mujeres, demandaron ser escuchadas por el gobernador saliente, Alfredo del Mazo
El grupo de inconformes ha solicitado desde hace meses que sus familiares sean puestos en libertad, pues son inocentes, además de lanzar consignas "si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno".
Las madres, esposas, hijas y hermanas de injustamente presos, adheridas al colectivo Haz Valer Mi Libertad, lanzaron jitomates contra palacio de gobierno y hacia la imagen del mandatario mexiquense
Algunos supervivientes entrevistados por la oenegé describieron ataques a corta distancia, y a los guardias preguntando a los migrantes "en qué parte del cuerpo preferían ser disparados", según el informe.
Fabiola Vite coordinadora general del Centro, aclaró que la presentación de este documento tiene por objetivo “poner énfasis y visibilizar la situación en la que se encuentran los derechos humanos en la entidad, lo que debe ser escuchado y contemplado por tomadores de decisiones y legisladores”.
En un comunicado de prensa, el funcionario indicó que ambas instancias federales están analizando el informe y darán cumplimiento al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador “de saber dónde están los estudiantes y resolver el caso como asunto de Estado”.
Marinos, miembros del Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, el paradero de los jóvenes, pero obstaculizaron información y construyeron una versión falsa de los hechos, consideró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La semana pasada, un ataque contra elementos de la Fiscalía del estado de Jalisco que buscaban los cuerpos de personas desaparecidas dejó seis muertos y más de una decena de heridos. El Comité condena el atentado, pide una investigación pronta y exhaustiva, e insta al país a poner fin a las desapariciones forzadas.
Ha pasado casi una década y media desde el hecho, pero nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio y, aunque se han fincado responsabilidades a más de 20 exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.
