El magistrado Ismael Hernández Alemán negó parcialidad del Poder Judicial estatal en su favor en los procesos promovidos por su exesposa, quien en días pasados lo acusó públicamente de violencia intrafamiliar, pero también señaló violencia institucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) en la resolución de su demanda.
“No hay influyentismo. Ella me demandó por violencia familiar, fue complicado el proceso porque ella no acudía, se me aplicó un descuento por pensión alimenticia de 60% del salario más el pago de la hipoteca, la sentencia no me fue favorable”, dijo.
Al final, indicó que fue sentenciado a llevar un procedimiento psicoeducativo, que incluye cursos de masculinidad y género; “no apelé, acaté”.
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De haber existido tráfico de influencias, advirtió, “el fallo habría sido en mi favor”.
Aclaró que la mediación fue promovida por su exmujer –no obligada por el Poder Judicial- para realizar la repartición de bienes en agosto de 2022, con motivo de su divorcio, mientras el de violencia familiar, de carácter civil, siguió su curso de forma paralela.
Precisó que no se le pudo impedir a su exesposa la asistencia de un abogado porque en la mediación no son necesarios, pues la mayoría de las ocasiones sólo entorpecen los acuerdos; lo que en esos casos se requiere, dijo, son facilitadores, de manera que tampoco él se auxilió de litigante; además, refirió, mi exesposa se llevaba el borrador, pedía opinión a mi hijo menor que es abogado, y “terminé aceptando todos sus ajustes”.
A pesar de que el matrimonio se realizó por separación de bienes, en el convenio de reparto –del que este medio tiene copia- se establece que la mujer se quedará con un edificio de cuatro niveles que tiene salón de eventos y restaurante/cafetería.
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“Acordamos que le cedería ese inmueble libre de gravamen, totalmente terminado, equipado para que opere, con los permisos y licencias; y yo conservaría la casa de mis padres, que implica una deuda porque fue hipotecada para construir el edificio... No es un acuerdo ventajoso, ella se queda con un inmueble de 4 niveles y yo con una deuda”, manifestó.
Pese al divorcio, el magistrado indicó que su exesposa solicitó quedarse en la casa, con sus hijos, año y medio –plazo que se cumple el 20 de febrero-, lo que le fue concedido; además, afirmó, en un convenio por separado, se entregó un auto a cada uno de sus dos hijos y se acordó el pago de la escuela privada del hijo menor, y 10 mil pesos mensuales al mayor que ya es médico.
Sobre la acusación de que la jueza no notificaba en tiempo a la mujer, aseguró que los abogados de ambas partes tenían acceso al tribunal electrónico para enterarse en lo inmediato de los acuerdos, expuso que la notificación se llegó a complicar porque ella no abría la puerta de su domicilio, y afirmó que la juzgadora incluso lo apercibió y multó.
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Explicó que la determinación de pagarle pensión 15 años, en lugar de los 23 que duró el matrimonio, tiene su origen en el hecho de que estuvieron separados más de 5 años, “descontamos ese tiempo”. Esta decisión, indicó, fue de común acuerdo.
Mencionó que la pensión será equivalente a 15% de su salario, incluidas percepciones extraordinarias, porque cuando se separaron él aún se desempeñaba como juez.
“No hay favoritismo, no los dejé en estado de indefensión, incluso los sigo ayudando; (a ella) le ayudé para estudiar preparatoria y licenciatura... (El porcentaje) parecería poco, pero el restaurante y el salón de fiestas generan ingresos”, insistió.
Finalmente, dijo no temer a la posibilidad de que le sea instaurada una nueva demanda –La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó, tras conocerse la denuncia de la exesposa en redes sociales, que inició investigación de oficio, fundamentalmente para deslindar responsabilidades por presunta violencia institucional-, ahora por la vía penal, pues todo lo ocurrido se encuentra sustentado.