La exesposa del magistrado Ismael Hernández Alemán solicitó, a través de redes sociales, la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para no ser desalojada de su casa, junto con sus hijos, tras un juicio de violencia intrafamiliar en que supuestamente el Poder Judicial estatal y su presidente, Ricardo Sodi, protegieron a su entonces marido, no aceptaron sus pruebas y la obligaron a firmar un convenio “ventajoso”.
“Pido el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez para que no permita que el Tribunal violente a las mujeres, y que la justicia se imparta por igual a todos los ciudadanos, sin importar cargo o jerarquía”, expuso, tras considerarse víctima de violencia emocional, psicológica, física, económica, patrimonial e institucional.
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La mujer aparece con el rostro difuminado, pues asegura tener miedo de las represalias que su expareja pueda tomar, y asegura que la denuncia pública es su último recurso, al considerarse víctima de violencia institucional parte del Poder Judicial mexiquense, debido a que en el juicio contra Hernández Alemán no fueron tomadas en cuenta sus pruebas o fueron minimizadas.
“Inicié un juicio de violencia intrafamiliar contra mi ahora exesposo, el magistrado Ismael Alfredo Hernández Alemán, mi proceso se vio entorpecido por el tráfico de influencias y el abuso de poder, respaldado por el presidente del Tribunal, Ricardo Sodi, a quien intenté en numerosas ocasiones acercarme para llevar un juicio conforme a ley, con un trato sin intervención o beneficio para mi exesposo por su cargo”, manifestó.
Acusó que las autoridades judiciales se condujeron con parcialidad en favor del magistrado, y llegaron al extremo de minimizar la violencia que sufrió y de no tomar en cuenta las pruebas que anexó a su demanda.
VIDEO COMPLETO: Denuncia en contra del Magistrado Estatal Ismael Alfredo Hernández Alemán y contra el presidente del Poder Judicial del Estado de México
Expuso que el perito en psicología Juan Antonio Flores Ortíz rindió un dictamen en que el que aseguró que ella padecía trastorno de depresión grave y autoestima disminuida, pero que exageró en las puebas para mostrar una imagen negativa del imputado, además de que sus síntomas eran inconsistentes.
Entre las pruebas, presentó un par de audios en que se escucha que se lanzan objetos, la voz masculina, que se presume es el magistrado, la insulta, mientras ella le pide alejarse.
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“Algún día me voy a liberar de ti, cabrona... y a chingar a su pta madre, chinga tu madre... Viene lo mío, muérete, púdrete, muérete de hambre”, le dice el hombre.
La denunciante indicó que pese a estos audios en que el perito reconoce que la violencia verbal pudo provocar daños psicológicos mayores, también minimizó los efectos.
Además, dictaminó que el magistrado es un individuo libre de trastornos de personalidad, que sus rasgos no interfieren en su estabilidad mental, con bajos niveles de ira y alto control de la misma, por lo que reacciona con ira a escaso número de circunstancias, aún cuando durante el juicio el mismo denunciado reconoció ser un paciente bajo tratamiento psiquiátrico.
Indicó que algunos miembros del Poder Judicial le ofrecieron su apoyo para mediar con el presidente del Poder Judicial, y a final sólo le referían que Sodi Cuéllar ya estaba al tanto de su asunto y no podían ayudarle de otra manera.
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Acusó que la jueza Alondra Iveth de la O fue parcial, y aunque interpuso quejas por su proceder ante la Contraloría del Poder Judicial, éstas no prosperaron. Entre las anomalías de su conducta, enlistó la emisión de acuerdos, de un momento a otro, que no publicaba para que no se enterara la parte acusadora, pero que sí conocía el acusado.
Indicó que pidió girar oficios que no fueron autorizados, al propio Ricardo Sodi; a Luz María Lemus, titular de la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos; y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura local; y que la ex magistrada María de la Luz Quiroz Carbajal, entonces coordinadora general para la Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género, le ofreció ayuda y luego le cerró las puertas.
Dijo que al ver que el Poder Judicial no salvaguardaba sus derechos ni los de sus hijos, en sesiones de mediación en que no le permitieron ser asistida por su abogado, contrario al magistrado, firmó un convenio ventajoso en favor de su exmarido, y en una de sus cláusulas dispone que el 20 de febrero de este año ella y sus hijos deben desalojar su vivienda para entregársela al denunciado; indicó que también se le hizo renunciar a 8 años de pensión y que ésta fue reducida.
Presentó el extracto de una entrevista del presidente del TSJEM con la periodista Adela Micha, en que asegura que a toda mujer que se atreve a denunciar debe creérsele, y aclara que, por ley, los casos de violencia no pueden ser sujetos de mediación.
“¿A mí no me cree porque al hombre que acusé es un magistrado al que acababa de nombrar?”, cuestionó con voz entrecortada... Si conforme a la ley, la violencia no es conciliable, prosiguió, “¿por qué permitió la mediación en mi asunto?”
“Solo pido justicia, que ni mis hijos ni yo nos tengamos que salir de nuestra casa, no tenemos recursos para una vivienda, sólo me dediqué al cuidado del hogar y de mis hijos, y ellos solo a sus estudios; mi exesposo cuenta con la posibilidad de garantizarnos ese derecho”, concluyó.