Debido a que el inicio del juicio se ha retrasado por más de dos años —un lapso que representa una revictimización institucional— el Congreso mexiquense llamó al Poder Judicial del Estado de México a iniciar de inmediato el procedimiento en contra de Alan “N”, acusado del feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en Atizapán de Zaragoza.
Desde tribuna, la diputada panista Joanna Felipe Torres exigió que el caso se conduzca con pleno respeto al debido proceso y que la valoración de las pruebas se realice con imparcialidad, independencia, legalidad y perspectiva de género, para garantizar la justicia que Ana María y su familia merecen.
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Recordó que han pasado más de dos años desde que el presunto responsable —expareja de la víctima, quien tenía apenas 18 años— fue recluido en el penal de Tlalnepantla. Sin embargo, para su familia, la justicia se ha convertido en un laberinto de dilaciones: el inicio del juicio se ha pospuesto al menos cinco veces y, tan solo en octubre, fue cancelado en dos ocasiones.
“La madre de Ana María ha denunciado esta constante postergación, que constituye una forma de violencia institucional”, apuntó.
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Acompañada por la diputada emecista Ruth Salinas Reyes, integrante de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Feminicidio, Felipe Torres advirtió que obstaculizar los derechos de las víctimas mediante la discrecionalidad es revictimizarlas, y que el calvario de esta familia se repite en miles de hogares donde una mujer fue asesinada.
Lamentó que la violencia contra las mujeres siga siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves y arraigadas. Recordó que, en 88% de los feminicidios, la víctima conocía a su agresor y que en seis de cada diez casos se trataba de su pareja o expareja: “El lugar que debería ser seguro se convierte en la mayor amenaza”.
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Añadió que México enfrenta una crisis de impunidad profunda: de cada 100 delitos, sólo nueve se denuncian; de esos, apenas 5.7 derivan en una carpeta de investigación. Eso implica que 94.3% de los delitos queda sin indagar. “Una herida abierta que erosiona la confianza en las instituciones”, subrayó.