Tres Pm

Este fin de semana, la Fiscalía General de la República logró la captura de cinco de los 22 imputados en el caso de los 142 millones de pesos que pagó Segalmex en la compra de 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las que sólo recibió 3 mil 110. 

De acuerdo con el funcionario, la compañía Nice Sistem Ltd fue beneficiada con tres contratos con la Policía Federal a cargo de Rodrigo Esparza Cristerna por un total de 69 millones 100 mil dólares para la instalación de comunicaciones, así como un centro de localización de llamadas y redes celulares.

Cuatro de esas propiedades se encuentran registradas a nombre de la empresa Delta Integrator LLC, la cual es dirigida desde 2013 por Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna.

A través de su cuenta de Twitter, Cassez citó la publicación de un usuario que la arrobó junto a la imagen del perfil del periodista Rubén Mosso, quien informó que la Corte de Nueva York declaró culpable de los cinco cargos que se le imputaban a García Luna.

García Luna, “quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días revelado como un traidor a su país”, afirmó Breon Peace, fiscal del caso.

Los abogados  de Emilio Lozoya informaron que una vez más recibieron otro expediente de miles de hojas de manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

El exfuncionario anunció al juez Brian Cogan su decisión de abstenerse a hablar en el estrado.

Moreira destacó “las discrepancias que mantuve con (el hoy ex Presidente) Felipe Calderón mientras ejercí como gobernador”, y recordó no haber firmado “el desplegado de gobernadores que reconocía su triunfo en la Presidencia de la República, por lo que se hace del todo impensable que sostuviera una relación cercana con su principal colaborador, el Sr. García Luna”.

En el arranque de la semana cuatro del juicio que se lleva a cabo en la Corte del distrito este Nueva York, se llamó a testificar a Héctor Villarreal Fernández, extesorero del gobierno de Humberto Moreira.

Ningún país del continente registró mejoras significativas en los últimos cinco años en la clasificación, que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escala de 0 ("alto nivel de corrupción percibida”) a 100 (bajo nivel).