En las últimas horas, la administración del presidente estadounidense Donald Trump finalizó un plan para revertir y limitar las regulaciones que implementan una ley ambiental histórica, bajo el argumento de que retrasa innecesariamente las aprobaciones federales para proyectos de energía e infraestructura.
Liderada por el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, la acción rescinde regulaciones vinculadas con la denominada Ley Nacional de Política Ambiental, la cual requiere que las agencias federales consideren los posibles impactos de un proyecto antes de que sea aprobado.
Al respecto, Katherine Scarlett, líder del grupo, afirmó que la directiva reducirá las capas innecesarias de carga burocrática, al tiempo de restaurar el sentido común en el proceso de revisión ambiental y permisos.
“Bajo el mandado del presidente Trump, el reinado de terror regulatorio de esta ley ha terminado”, agregó.