El Gobierno del Estado de México inició un periodo de regularización de títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, que concluirá el 28 de abril de 2026, con el propósito de facilitar que municipios, organismos operadores, productores agrícolas y usuarios acrediten la legalidad de su aprovechamiento del recurso.
Facilidades para diferentes usos
El proceso beneficiará principalmente a los títulos de uso doméstico, agrícola, pecuario, acuícola y público urbano, permitiendo su regularización ágil y sencilla.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, las personas interesadas contarán con un plazo de seis meses para adherirse a las facilidades administrativas, a través de la Ventanilla Digital de Conagua:
https://ventanilladigital.conagua.gob.mx/auth/lodig https://ventanilladigital.conagua.gob.mx/auth/lodig
Certeza jurídica y acceso a apoyos
Con esta medida se busca dar certeza jurídica a quienes distribuyen o aprovechan el agua y abrir espacios de acompañamiento para acreditar la legalidad de su operación.
El objetivo es que productores agrícolas, acuícolas, pecuarios, organismos operadores y municipios puedan regularizar su situación administrativa y acceder a beneficios y apoyos federales.
Concesiones que podrán regularizarse
El decreto permitirá la regularización de títulos vencidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, que amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, así como títulos de uso público urbano, sin importar el volumen asignado.
Difusión y acompañamiento estatal
La Secretaría del Agua del Estado de México (SAGUA) informó directamente a los 125 municipios mexiquenses sobre los alcances y beneficios del decreto, para facilitar su adhesión y promover una gestión responsable del recurso hídrico.
Asimismo, exhortó a los municipios y organismos operadores a revisar la vigencia de sus títulos y sumarse al proceso de regularización.
“Regularizar, no castigar”
El Gobierno estatal subrayó que la apuesta es por la regularización, no por el castigo, con el fin de que quienes participan en la gestión hídrica lo hagan con certeza, transparencia y apego a la ley, garantizando así el derecho al agua de las familias mexiquenses y una administración sustentable del recurso vital.