A 24 horas de que la Secretaría de Movilidad reconociera que siguen las mesas de trabajo para tratar el tema de un aumento entre el 38 y 45 por ciento en la tarifa del transporte público, activistas pro movilidad sustentable anunciaron que solicitarán a la Cámara de Diputados local modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica para que sean los legisladores quienes autoricen estas medidas y no la Secretaría de Movilidad.
Y es que todo apunta a que, a partir del 1 de enero, por los primeros 8 kilómetros de tendrá que pagar un peaje de 14.50 pesos, es decir, 4.50 más de lo que se gasta actualmente, lo que se considera un duro golpe en la economía de la base trabajadora.
A decir de Gabriel Medina, activista, actualmente lo que se vive en materia de movilidad en la entidad es “una autoridad que solapa las acciones y no pone un alto ante la intransigencia de los concesionarios”.
Por ello, pide que los diputados sean quienes “saquen la casta” por quienes votaron por ellos, y es que esta alza justificada en que no hay subsidios al transporte, sino que los gastos, tanto de regularización, renovación de unidades, tecnología para la seguridad y otras metas contempladas para 2020, corren a cargo exclusivamente de los concesionarios; afecta a quienes ganan menos de un salario mínimo.
Por su parte, Diana Bobadilla de fundación Xhimai, aseguró que se estarán realizando acciones en pro de evitar el alza injustificada al camión, tanto en el valle de Toluca como en el Valle de México, solicitando a los choferes que luchen por sus derechos de la misma manera para mejorar sus condiciones laborales.
Por el momento, no se ha llegado a un acuerdo entre empresarios transportistas y gobierno para la tarifa, sin embargo se espera que a partir del 1 de enero el alza de haga efectiva, tal como sucedió en 2017, cuando subió de 8 a 10 pesos.