Aunque el gobierno de Delfina Gómez Álvarez ha otorgado 29 mil apoyos en beneficio de más de 170 mil productores del campo, estos apenas alcanzan a 5 % de los campesinos mexiquenses, reconoció la secretaria del ramo, María Eugenia Rojano Valdés, durante su comparecencia ante el Congreso local por la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
Rezago estructural del campo mexiquense
La funcionaria admitió que el sector rural enfrenta grandes desafíos derivados del abandono institucional de décadas, mercados injustos, suelos degradados, escasez de agua, plagas, fenómenos climáticos extremos y una brecha económica creciente, imposibles de revertir en solo dos años.
Diputadas piden frenar tala y reforzar apoyos
Durante el ejercicio legislativo, la diputada ecologista Vanessa Linares Zetina aplaudió la tipificación de la tala clandestina como delito grave, pero pidió fortalecer la intervención en Ocuilan y el Nevado de Toluca, así como aplicar el programa Sembrando Vida en los 25 municipios con mayor deforestación.
Por su parte, la panista Krishna Karina Romero Velázquez alertó sobre la inseguridad y extorsiones que padecen los productores rurales, mientras que la emecista Maricela Beltrán Sánchez lamentó la caída del peso económico del sector y el aumento de incendios y sequías.
La petista Araceli Casasola Salazar cuestionó que no hay diferencias sustantivas respecto a gobiernos anteriores y pidió aclarar si afiliarse a organizaciones vinculadas a Morena es requisito para acceder a los programas.
“El abandono viene de 30 años de neoliberalismo”
Rojano Valdés coincidió con los diagnósticos de las legisladoras, pero sostuvo que el deterioro del campo se gestó durante más de tres décadas de políticas neoliberales, por lo que ahora se requiere un esfuerzo triple para rescatarlo.
Destacó que la producción de maíz ha caído desde hace años, motivo por el cual se impulsa el programa “Sin maíz no hay país”, y solicitó al Congreso presupuestos multianuales para evitar el desfase entre el calendario fiscal y el agrícola.
Resultados y coordinación institucional
Pese a los retos, informó que el valor de la producción agropecuaria del Estado de México superó los 42 mil 327 millones de pesos, con un leve incremento en su participación dentro del PIB estatal.
Aseguró que los programas están abiertos a todos los productores, sin distinción política.
En cuanto a la extorsión a campesinos, señaló que el tema compete a la Secretaría de Seguridad, y que su dependencia solo colabora en acciones específicas, como la distribución de fertilizantes y la venta de flores.
Sobre la tala clandestina, precisó que es una competencia federal, a cargo de la PROFEPA.