Al menos una decena de internos del penal de Chiconautla que alcanzaron su libertad anticipada fueron reaprehendidos por policías ministeriales a su salida, con lo que las autoridades mexiquenses incumplen la despresurización de las cárceles como mecanismo para disminuir los riesgos de contagio por COVID-19, alertó José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C.
Además, el activista no descartó la posibilidad de que la pandemia haya llegado también a este centro de reinserción social, pues 26 internos fueron desalojados de la zona del Sistema Integral Contra las Adicciones (SICA), y, si bien, esa medida no fue comunicada a los familiares, con antelación les habían informado que el área sería despejada para la atención
de PPLs con coronavirus.
Sobre las reaprehensiones, indicó que desde el momento en que el juez otorga el auto de libertad, advierte que no será posible si existe otra causa que amerite prisión; sin embargo, acusó, las autoridades penitenciarias carecen del registro único de ejecución penal y, como es práctica frecuente, esperan a la salida a algunos internos para reaprehenderlos, sin que necesariamente medie orden de aprehensión y por delitos que pueden ser fabricados.
Como ejemplo de al menos una decena de casos detectados durante la primera semana de despresurización, citó un video en el que se observa la reaprehensión de un joven que ya había compurgado su pena al 70% y, tras cumplir diversos requisitos, obtuvo la liberación anticipada, pero al salir los policías ministeriales lo detuvieron otra vez.
Esta acción, alertó, además es irresponsable, pues del penal llevan a los reaprehendidos al Ministerio Público y después los regresan a la cárcel, con el riesgo de que adquieran el virus en las instalaciones de la Fiscalía o en el trayecto, y después los ingresen al centro penitenciario y expandan la epidemia, como ocurrió con un custodio de Cuautitlán Izcalli que contagió a 23 internos tras haber sido asignado a la guardia de un PPL que se encontraba en el hospital.
“Hay un total desacuerdo para despresurizar las cárceles. De qué sirve liberar a internos si los están regresando. El fiscal Alejandro Gómez incumple la política de despresurización. Las autoridades podrían incurrir en responsabilidades administrativas y hasta penales, si hubiera contagios y llegan a fallecimientos. También hay ocultamiento de información”,
alertó.
En tal virtud, este lunes familiares de los afectados e integrantes de Presunción de Inocencia evidenciarán los hechos y exigirán una explicación al director del penal sobre las razones del desalojo en el SICA.