Integrantes del cabildo de El Oro solicitaron a la Legislatura del Estado de México* la *destitución de la alcaldesa morenista Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien acusan de incumplimiento de funciones, abuso de autoridad y presunto desvío de recursos públicos, además de mantener al municipio en un estado de ingobernabilidad.
El documento fue firmado por el síndico Ubaldo Velázquez (Morena); las regidoras Melissa González (PVEM), Claudia Moreno (Morena), Fernanda Aldana (PRI) y Erika Rodríguez (PAN); así como por los regidores José Dolores y Agustín Bastida (PRI).
Velázquez Piedra informó que la solicitud fue aprobada por mayoría de votos en sesión ordinaria de cabildo, lo que —aseguró— responde al clamor ciudadano ante la crisis que vive el municipio.
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“Nos encontramos en un estado de completo caos”, expresó el síndico, al referir que El Oro está lleno de basura, y que desde hace cuatro días no hay servicio de agua potable en la cabecera municipal ni en las comunidades".
De acuerdo con el cabildo, la suspensión del servicio obedece a una huelga de trabajadores del organismo operador de agua, por la falta de pago de salarios, situación que también afecta a los 450 empleados municipales, de los cuales 180 son sindicalizados, y a algunos se les adeudan hasta cinco quincenas.
Los ediles señalaron que el municipio carece de representante legal, ya que la alcaldesa se ha negado a otorgar poderes a los directores jurídicos, lo que ha provocado renuncias constantes.
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Asimismo, la Contraloría Municipal no está legalmente constituida —afirmaron—, pues no existen titulares de las unidades de investigación, sustanciadora y resolutora, impidiendo el seguimiento de quejas ciudadanas.
Entre otras irregularidades, acusaron que Díaz Peñaloza ordenó el cierre de espacios públicos como la Casa de Cultura, el Oro Club, el Teatro Juárez y el Vagón Turístico, además de impedir la transmisión de las sesiones de cabildo y restringir el acceso de la ciudadanía.
También denunciaron que los ingresos por servicios municipales (plazas, baños públicos y centros turísticos) no son depositados en la Tesorería, sino entregados directamente a la presidenta municipal, lo que motivará la presentación de una denuncia penal por presunto desvío de recursos públicos.
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Los integrantes del cabildo acusaron que la munícipe no acude regularmente a laborar, solo se presenta en las sesiones y ha ordenado **no recibir oficios ni sellarlos, para evitar dejar constancia documental.
Velázquez Piedra hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para intervenir y restablecer el orden en la administración municipal, aclarando que la solicitud no obedece a violencia política de género, sino a violaciones de derechos fundamentales y responsabilidades constitucionales.
Por su parte, Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso mexiquense, precisó que la Legislatura solo puede procesar solicitudes de destitución promovidas por el Ejecutivo estatal, por lo que el cabildo deberá presentar su petición ante la gobernadora Delfina Gómez para seguir la ruta jurídica correcta.



