Después de que Angélica Moya Marín, alcaldesa electa de Naucalpan, anunciara la imposibilidad de poner en marcha la Universidad del municipio “debido al quebranto financiero” en que recibirá la administración, Morena llamó a la panista a reconsiderar la decisión, pues sólo tiene sustento político y atenta contra el derecho de educación de los jóvenes.
El diputado local Isaac Montoya dijo que la determinación “es un revanchismo burdo” porque pretende sepultar un legado del presidente de la República, en lugar de anunciar la continuidad del proyecto y fortalecerse con él.
El morenista recordó que la Universidad Pública de Naucalpan (UPN) atendería, en un inicio, a más de 300 jóvenes sin oportunidades de educación superior en esta localidad, por lo que la decisión de la presidenta municipal electa es irresponsable.
“Ahí, cientos de jóvenes de comunidades apartadas y que son excluidos año con año de universidades públicas del país y que no tienen para pagar una universidad privada, tenían un lugar alternativo para formarse en carreras ligadas a ingenierías, en carreras con un perfil académico que les iba a cambiar su realidad de vida y la de sus familias”, destacó.
Recordó que Moya Marín también pretextó que no hay vías de acceso ni rutas de camiones para llegar al predio donde se ubicaría la casa de estudios que tiene 21 mil 302 metros cuadrados, que perteneció al rancho “Los Tres García” en el ejido de Los Remedios y fue incautado por el gobierno federal.
Este inmueble fue donado al gobierno local en mayo de 2020 para crear la primera universidad municipal como alternativa a estos jóvenes rechazados de otros centros de educación superior, y funcionaría con recursos municipales.
Montoya Márquez dijo que con seguridad las empresas transportistas estarían en disposición de generar ruta a esta zona, bajo la lógica de la oferta y demanda para estudiantes, profesores y trabajadores que acudirían a la universidad.
El morenista especificó, además, que la institución va destinada a la gente que vive en estas colonias irregulares y apartadas, por lo que, en todo caso, Angélica Moya debía asegurar que las vialidades que ya existen estén en condiciones óptimas para conectar a las comunidades y zonas habitacionales cercanas.
El legislador reconoció que la situación financiera del municipio no es la más óptima, pero consideró cuestión de voluntad política y compromiso social seguir con el proyecto educativo, mediante la búsqueda de alternativas.
Isaac Montoya aprovechó para llamar al gobierno estatal a sensibilizarse, a fin de brindar soluciones, en el entendido de que, en el discurso, todos los políticos reconocen en la educación un derecho.