Con el objetivo de combatir delitos de alto impacto como la extorsión, la Legislatura del Estado de México respaldó la reforma constitucional federal en materia de seguridad, aprobada previamente por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Las modificaciones, avaladas por las y los diputados locales en su carácter de integrantes del Constituyente Permanente, buscan fortalecer el control parlamentario sobre la Guardia Nacional, avanzar hacia un marco jurídico homogéneo contra la extorsión y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, con el propósito de eficientar la seguridad pública.
Te puede interesar: Investiga Naucalpan presunta extorsión de agentes de tránsito
Los cambios fueron aprobados durante el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, celebrado del 5 de septiembre al 18 de diciembre de 2025.
Con esta reforma se otorgan al Senado de la República facultades para ratificar los nombramientos de las jefaturas superiores de la Guardia Nacional, realizados por la persona titular del Ejecutivo federal, y se confiere al Congreso de la Unión la atribución de expedir la Ley General contra la Extorsión.
Te puede interesar: Van contra la extorsión: PRI pide investigar de oficio y crear Fiscalía
Adicionalmente, se incorpora lenguaje inclusivo en los artículos 76 y 78 de la Constitución federal, y se refuerzan los principios de transparencia, rendición de cuentas y control parlamentario en materia de seguridad pública.
En lo referente a la extorsión, la reforma permitirá la persecución de oficio de este delito, la homologación de penalidades y agravantes en todo el país, así como el fortalecimiento de la coordinación entre la Federación y las 32 entidades federativas.
Te puede interesar: Morena propone castigar con cárcel préstamos “gota a gota” en Edomex
Este dictamen fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con el propósito de eliminar la fragmentación jurídica que ha obstaculizado la procuración e impartición de justicia y que ha sido aprovechada por la delincuencia organizada.
Ambas minutas fueron avaladas por el Congreso mexiquense para cumplir con el procedimiento establecido en el Artículo 135 constitucional, el cual exige mayorías calificadas —dos terceras partes en el Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales— para la validez de reformas constitucionales.