De 2012 a 2018, las desapariciones en el Estado de México se incrementaron el 645 por ciento, al pasar de 911 a más de 5 mil 800, alertó Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura mexiquense.
Pese a ello, el grupo parlamentario de Morena advirtió que abatir el fenómeno será mera simulación, mientras las autoridades no destinen los presupuestos suficientes.
Con el objetivo de enriquecer la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México promovida por Morena el 21 de marzo pasado, los diputados locales realizaron una mesa de trabajo con víctimas de desapariciones y representantes de los gobiernos federal y estatal, de organismos internacionales y entes públicos autónomos locales.
En este marco, la diputada Karina Labastida, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios de la entidad, destacó la necesidad de escuchar a los destinatarios, tener en cuenta sus demandas y aportaciones; y alertó que la ley será de poca o nula utilidad “si las dependencias que deben apegarse no ejecutan con eficiencia y suficiencia las acciones que de ella se desprenden”.
En 2018, lamentó, a pesar de la gravedad del fenómeno, en el Estado de México no se había legislado sobre el tema, y los recursos canalizados a la búsqueda de personas desaparecidas fueron casi simbólicos en relación con la dimensión del problema.
El convenio signado entre los gobiernos Federal y del Estado de México etiqueta apenas 261 mil 120 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) en el ejercicio fiscal 2018 a la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, “con todo y que fue considerado un tema de prioridad nacional”.
Al subprograma denominado acceso a la justicia para las mujeres se canalizaron 643 mil 835 pesos para dotar de mobiliario y equipos de cómputo a los centros de justicia para mujeres de Toluca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Amecameca. “Lo que encontramos en recientes recorridos fue justo esas carencias y deficiencias, sobre todo en la zona de Amecameca”.
“De un presupuesto de más de 15 millones de pesos del FASP en 2018, a desapariciones de personas se canalizó si acaso 1.5 por ciento; y para el acceso de las mujeres a la justicia, incluidos homicidios dolosos y feminicidios, donde la entidad registra liderazgos nada edificantes, se destinó tan sólo el 4 por ciento. El problema de la trata de personas, ni siquiera es mencionado”, lamentó.
Para este año, el convenio del FASP considera 497 millones de pesos del Gobierno Federal y más de 124 millones del Estatal: 621 millones 416 mil 440 pesos en total que tendrían que aplicarse en la integración de brigadas de búsqueda, desarrollo de bases de datos para identificación; laboratorios, equipos e insumos de investigación para exhumaciones y búsqueda de campo; fortalecimiento y creación de comisiones locales de búsqueda.
No obstante, el convenio no especifica esas exigencias y no contempla la especialización de personal e instancias responsables de la búsqueda de personas, tampoco para el acceso de mujeres a la justicia y combate a la trata de personas, un delito con vinculaciones en el fenómeno de la desaparición.
El gobierno federal ya anunció que se tienen más de 400 millones para las acciones de búsqueda de personas en el país, y que más de 200 millones serán distribuidos en las entidades; resta conocer cuánto le toca al Estado de México.
Para evitar que la ausencia de recursos del FASP frene o limite la búsqueda de personas en la entidad, Labastida Sotelo anticipó que el Poder Legislativo buscará reorientar las partidas presupuestales estatales. “Desde el Poder Legislativo queremos evitar una nueva simulación en un tema que merece toda nuestra atención y la mejor voluntad de todos”, añadió.