Diputados del Congreso mexiquense podrían ser destituidos por desacatar la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito que les ordenó constituirse en Comisión Instructora para instaurar juicio político en contra del gobernador Alfredo del Mazo, de la LX Legislatura local y del secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta.
Estos actores fueron denunciados por el abogado Gerardo Fuentes, tras avalar que 384 hectáreas del poblado y ejido de San Mateo Ixtacalco, con sus comunidades “La Capilla” y “El Sabino”, dejaran de pertenecer al municipio de Cuautitlán Izcalli para ser parte del territorio de Cuautitlán México.
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Esta determinación, que representó además 18% del presupuesto anual de Izcalli, fue aprobada por la Legislatura local el 20 de julio de 2021, con los votos de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) en contra, y promulgada en Gaceta de Gobierno el 08 de noviembre del mismo año.
Desde el punto de vista del denunciante, los diputados carecen de facultades para tomar ese tipo de determinaciones y, al hacerlo, incurrieron en varios supuestos para la inhabilitación; por tanto, pidió iniciar juicio político en contra de los involucrados.
En septiembre de 2022, la Legislatura mexiquense desechó la solicitud de juicio político del quejoso, “por manifiesta e indudable procedencia”, pero la determinación fue impugnada porque el denunciante señaló que no fue escuchado para tomar esa decisión.
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El 25 de mayo de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito concedió el amparo de la justicia a Fuentes Ruiz y ordenó a las autoridades responsables observar, de forma puntual, el trámite para la denuncia de juicio político.
En específico, la sentencia establece que la Legislatura debe enviar “por riguroso turno, a la Sección Instructora la denuncia del quejoso”.
Esta instancia determinará si la imputación es procedente o no, formulará dictamen y notificará a la Legislatura para que resuelva si se continúa el procedimiento o desecha la imputación. De estimar que la denuncia cumple los requisitos legales, le debe dar el trámite correspondiente.
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El pasado 14 de julio, el juzgado sexto en materia de amparo y juicios federales ordenó la apertura del incidente de inejecución (por la negativa de la Legislatura a acatar la sentencia), con lo que reconoce que los diputados locales se encuentran en desacato.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución del cabildo de Coacalco y la consignación del alcalde, Edwin Castelán, y del ex alcalde, David Sánchez Isidoro, por el desacato de una sentencia en materia laboral, por lo que Gerardo Fuentes advirtió sobre la posibilidad de que se repita ese escenario si los diputados se niegan a iniciar el juicio político ordenado.