Por unanimidad, los diputados locales determinaron solicitar a las autoridades estatales y federales intensificar las acciones para atajar la tala clandestina en el Estado de México, con énfasis en el Ejido “La Cima” de Lerma.
A propuesta de la morenista Mónica Álvarez, la solicitud será turnada a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); Dirección General de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) y Fiscalía General de Justicia local (FGJEM) para que, en el ámbito de sus respectivas funciones y ejerciendo sus atribuciones, refuercen acciones para disminuir y erradicar la comisión de delitos relacionados con la tala y extracción ilegal de madera en todo el territorio estatal.
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En la exposición de motivos, la legisladora recordó como funciones de PROBOSQUE la preservación de la masa forestal con actividades de prevención y combate de incendios, inspección y vigilancia.
Su programa “De Inspección y Vigilancia Forestal”, dijo, tiene por objeto salvaguardar los recursos forestales a través de la evaluación y seguimiento técnico de las actividades de protección, conservación, dictaminación, capacitación, restauración y fomento de los recursos forestales en la entidad.
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Este mecanismo, subrayó, obliga la verificación física en campo de manera coordinada –con la FGJEM, cuando tiene conocimiento de acciones o conductas relacionadas con daños al medio ambiente- para dar cumplimiento a la norma.
Álvarez Nemer recordó que el 12 de octubre de 2020 PROBOSQUE autorizó a los representantes del Ejido La Cima de San Mateo Atarasquillo en Lerma el aprovechamiento forestal maderable y la ejecución del programa de manejo forestal a nivel intermedio.
La decisión se sustentó en el dictamen jurídico positivo 225C0201000100S/0070/2020 del 8 de diciembre de 2020, en el dictamen técnico positivo 225C0201020006L/DT/106/2020 del 11 de diciembre de ese año, y en la opinión positiva del Comité de fomento a la producción forestal dependiente del Consejo Forestal del Estado de México del 18 de diciembre de 2020.
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No obstante, refirió, las especificaciones y condiciones del permiso aparentemente se han incumplido, pues residentes de la comunidad la Cañada de Alférez denuncian derribo indiscriminado de árboles, un ritmo acelerado de extracción de trozos en los últimos meses, y la circulación de entre 5 y 8 camiones diarios -la mayoría con placas de Michoacán y mantas con diversos vencimientos del permiso- con madera.
Lo más grave, alertó, es que no se ha llevado a cabo una “supervisión periódica del cumplimiento de la autorización”, pese a ser una condicionante del permiso y una obligación de PROBOSQUE.
Además, agregó, el 2 de junio del 2021 los ciudadanos presentaron denuncia con folio 154-21 ante la PROFEPA Delegación Estado de México; y el 12 de agosto de 2021 otra ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con folio predenuncia/web/0275463/22/03, “sin obtener respuesta alguna o bien seguimiento a las denuncias respectivas”.
Este fenómeno, sin embargo, podría no ser exclusivo en el caso referido, y de allí la necesidad de exhortar a las dependencias involucradas a intensificar las acciones para frenar la deforestación en los bosques de todo el territorio estatal.