En la agenda de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ya se incluye la discusión de iniciativas como los matrimonios igualitarios y los gobiernos de coalición, de tal manera que María Mercedes Colín, presidenta de ese órgano en la LX Legislatura mexiquense, reconoció la posibilidad de que estas iniciativas sean desahogadas durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
La legisladora priista comentó que en el calendario de la comisión que preside ya se encuentra considerado el análisis y desahogo de 30 iniciativas muy importantes, respaldados por el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Entre ellas, se encuentran las propuestas relacionadas con el reconocimiento jurídico de los matrimonios entre personas del mismo sexo, los gobiernos de coalición, modificaciones a la Ley Orgánica del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), el parlamento abierto, la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, y el Código de Ética del Poder Legislativo (ésta última, promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La intención, destacó, es que la Comisión trabaje de forma ardua hasta el 16 de julio, debido a que el 20 del mismo mes comenzará el periodo ordinario, de tal manera que si se dictaminan antes del inicio del periodo, las iniciativas puedan pasar al pleno y ser aprobadas en julio o agosto.
En el paquete de temas a discutir, indicó que se incluyen propuestas de todos los grupos parlamentarios, con base en el derecho de prelación (es decir, dependiendo del número de diputados de cada grupo parlamentario, se priorizan las reformas); del PRI, se desahogarán una o dos.
“Estamos trabajando arduamente. En mesas de trabajo a veces no es posible el consenso, pero lo intentamos”, afirmó.
En el caso de la reforma al Código Civil para reconocer los matrimonios igualitarios, anticipó que la discusión podría retomarse en un aproximado de 15 días.
En tanto, la relacionada con los gobiernos de coalición, los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y de Desarrollo Democrático, acordaron convocar a especialistas para garantizar que a la hora de operar la nueva norma el Ejecutivo no quede sujeto al Legislativo ni viceversa.