El Congreso del Estado de México aprobó en comisiones reformas al Código Penal para sancionar con hasta 25 años y seis meses de prisión, así como mil 500 días de multa, el delito de despojo de inmuebles, en un intento por frenar esta práctica que ha generado numerosos conflictos legales y sociales en la entidad.
Sanciones más severas ante agravantes
La pena máxima se aplicará cuando, en la comisión del delito, se realicen actos jurídicos con documentación falsa para formalizar o inscribir la posesión ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) o su equivalente. También se considerarán agravantes la suplantación del propietario, el uso doloso de notarios, o la participación de servidores públicos con acceso a información registral.
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Las mismas penas se contemplan cuando el despojo se cometa con violencia física o moral, mediante rompimiento de cerraduras, aprovechando la ausencia del legítimo poseedor, o si la víctima pertenece a un grupo vulnerable, como adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o comunidades indígenas.
Castigo a redes de complicidad y abuso institucional
El dictamen establece que también serán responsables las personas facilitadoras o abogadas colaborativas que participen dolosamente en mecanismos alternativos de solución de controversias que deriven en un despojo. Esto incluye actos realizados fuera del marco legal en notarías o en acuerdos extrajudiciales, que resulten en afectaciones al derecho legítimo sobre inmuebles.
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Además, se contempla la responsabilidad cuando el bien despojado sea propiedad o esté bajo administración de entes públicos estatales o municipales.
Nuevas figuras de despojo y penas adicionales
Las reformas incluyen nuevas modalidades delictivas, como impedir materialmente el disfrute de un inmueble ajeno, lo cual será sancionado con cinco a 10 años de prisión y de 700 a mil días multa.
La misma penalidad aplicará cuando una persona desvíe o utilice aguas de manera indebida, o ejerza derechos sobre cuerpos de agua sin ser titular legítimo.
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En casos donde el despojo afecte predios declarados como áreas naturales protegidas por decreto del Ejecutivo estatal, la pena será de siete a 12 años de prisión y de 700 a mil días multa.
Avalan delito aun con posesión en disputa
El dictamen —que se prevé sea ratificado en el pleno este jueves— aclara que el delito de despojo se perseguirá aun cuando el derecho a la posesión esté en disputa o sea dudoso, con el fin de frenar abusos legales y ocupaciones ilegítimas.
Durante la discusión en comisiones, legisladores advirtieron que en muchos casos el crimen organizado está involucrado en este tipo de delitos, y subrayaron la necesidad de revisar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para garantizar que la reforma se traduzca en resultados reales.