Representantes de 130 colectivos feministas del Estado de México responsabilizaron al diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), al gobernador Alfredo del Mazo y a los integrantes de la 60 Legislatura local por las agresiones vividas durante todo el proceso de cabildeo en el que se analizaba el tema de la despenalización del aborto.
Los colectivos exigieron acciones, no simulación en la aprobación de la norma; detener la represión y criminalización de su lucha, y que se corrija el comunicado oficial en que se les responsabiliza de acciones violentas, en virtud de que sólo han ejercido su derecho a la libre manifestación, sin uso de fuego y sólo con apoyo de bengalas de colores no nocivas.
Aglutinadas en el Movimiento Feminista y Amplio de Mujeres, Colectivas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanas por la ILE en la entidad, lamentaron que las diputadas morenistas Nancy Nápoles, Elba Aldana, Beatriz García, María de Jesús Galicia, Karina Labastida, Rosa María Pineda, Mariana Uribe, Anais Burgos, y las perredistas Araceli Casasola y Claudia González Cerón incumplieran sus compromisos de realizar una reunión de trabajo el 6 de agosto pasado con las comisiones de Igualdad de Género, Procuración de Justicia y Salud, así como de presionar el 9 de agosto a la Jucopo para dictaminar la iniciativa a más tardar el día 13, en el afán de lograr su aprobación antes de concluir el último periodo ordinario de sesiones el 15.
“Ante el silencio y falta de respuesta por parte de las diputadas y diputados con los que se ha dialogado y se han posicionado en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mexiquenses y, ante la falta de pronunciamiento por parte de la Jucopo, a través de su presidente, Maurilio Hernández, asistimos hoy al Congreso para dejar en claro que demandamos acciones, no simulaciones”, plantearon.
También exigieron corregir el comunicado oficial de la Legislatura mexiquense, pues la manifestación feminista del 10 de agosto se realizó de forma pacífica, sin ningún tipo de violencia. El humo utilizado en la movilización, indicaron, son bengalas de colores no nocivos, y en ningún momento se hizo uso de fuego. *La protesta social, recordaron, es una forma de exigencia de los derechos negado*s sistemáticamente, un mecanismo de participación ciudadana que las mujeres ejercen en libertad y que la titular de la Secretaría de la Mujer, Isabel Sánchez, se comprometió a respaldar y no criminalizar.
“Cualquier forma de represión en contra de las compañeras… es una muestra más de que aunque hagamos mesas de diálogo o de trabajo, desde la Legislatura se sigue atentando en contra de las mujeres que decidimos sobre nuestra cuerpa (sic) y hacemos uso de nuestro legítimo derecho a la protesta”, consideraron.
La represión ejercida por personal de la Cámara, opinaron, es muestra de que los representantes del Estado de México no escuchan a las mujeres mexiquenses, “a pesar de establecer el diálogo en acuerdo con sus formas, tiempos y condiciones”.
La negativa a legislar sobre la interrupción legal del embarazo, consideran, viola el artículo cuarto constitucional que tutela la salud sexual y reproductiva, en detrimento de más de la mitad de la población mexiquense.
“El Estado de México sigue siendo un macho represor de las mujeres”, señalaron.
La interrupción legal del embarazo, insistieron, es un tema de justicia social, salud pública y garantía de los derechos fundamentales de las mujeres, jóvenes y niñas.