Debido a que, aunque el aborto ya fue despenalizado en el Estado de México, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sigue sin operar, el grupo parlamentario del PRD propuso consolidarla como un servicio de salud pública gratuito, de calidad y con apoyo psicológico obligatorio antes y después del procedimiento.
La diputada Araceli Casasola Salazar subrayó la urgencia de garantizar que la ILE funcione en los hechos, lo que requiere la emisión y publicación inmediata de lineamientos y protocolos operativos oficiales.
Añadió que, si bien la ley reconoce la legalidad del aborto, aún no se define cómo ni dónde debe prestarse el servicio; sin estos documentos técnicos, la reforma permanece inoperante.
Te puede interesar: Nueva ley en Edomex: cero tolerancia a explotación infantil en hoteles
Las modificaciones planteadas al Código Administrativo y al Código Civil estatales establecen que las instituciones de salud deberán brindar consejería médica y social, con información imparcial, científica, veraz y clara sobre las opciones disponibles, los procedimientos, riesgos, efectos y apoyos existentes, garantizando así una decisión libre e informada.
Cuando la persona gestante solicite la interrupción del embarazo, el procedimiento deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días, una vez cumplidos los requisitos aplicables.
Te puede interesar: Reforma al ISSEMyM será integral y con sindicatos: Jucopo
Las instituciones de salud públicas tendrán la obligación de atender estas solicitudes aunque la persona cuente con otro servicio público o privado.
La propuesta también aclara que el personal médico podrá ejercer objeción de conciencia, pero deberá referir de inmediato a la persona gestante con un profesional no objetor.
Te puede interesar: Nuevo delito en Edomex: deepfakes íntimos serán castigados con cárcel
Esta objeción no será válida cuando el procedimiento sea urgente para salvaguardar la vida o la salud de la paciente.
El documento precisa que la atención deberá ofrecerse con personal competente, manejo adecuado del dolor, trato digno y sin discriminación, protección de datos personales, consejería anticonceptiva y seguimiento posterior.
Asimismo, obliga a las instituciones a garantizar personal no objetor suficiente para la prestación oportuna del servicio, resolviendo los casos no previstos con perspectiva de género y siempre en favor de la persona gestante.
La iniciativa también propone que la condición de persona física sea reconocida legalmente a partir de la semana doce de gestación, en concordancia con los límites establecidos en la legislación penal vigente.
El 25 de noviembre de 2024, el Congreso mexiquense aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas; sin embargo, colectivas feministas de la Marea Verde advierten que la reforma sigue siendo inoperante ante la falta de lineamientos y reformas secundarias.