Otro interno de un penal mexiquense, identificado como Gerardo García, falleció el pasado jueves, presuntamente por falta de atención hospitalaria oportuna, debido a que las autoridades del centro penitenciario de Chalco autorizaron su traslado al Hospital La Perla cuando ya se encontraba inconsciente.
Días atrás, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) denunció la muerte de Noemí Calderón en el penal de Barrientos el sábado 19 de marzo porque tuvo un problema de salud que se agravó en los últimos días y la titular del penal no quiso trasladarla a un nosocomio para su atención médica.
En tanto, la asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) dio a conocer el asesinato de Ricardo Zárate, un joven que ya había compurgado la totalidad de su pena el 13 de abril de 2020, y quien en 2014 ya alcanzaba el beneficio de preliberación, pero no la había obtenido por falta de una base de datos del sistema penitenciario estatal.
En ambos casos, la Secretaría de Seguridad aseguró que los internos recibieron atención oportuna, que se notificó a los familiares y que dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que investigue los hechos.
A través de PIDH, el domingo 27 de marzo la madre de Gerardo García refirió que desde el lunes 21 las autoridades del penal de Chalco no le proporcionaron información sobre su hijo, ni tampoco pudo verlo. La señora todavía asistió a visita pero no la dejaron entrar; un custodio apenas le dijo que su hijo había salido a una consulta general.
La noche del viernes 25, según narró, le llamaron para comentarle que la diabetes e insuficiencia renal de su hijo ya le había atacado los pulmones y el cerebro. “Desde el penal no le dieron la atención adecuada y ya me lo trajeron casi muerto”, refirió entre sollozos al explicar que Gerardo ingresó inconsciente al hospital.
PIDH expuso que el médico indicó que el padecimiento debió ser atendido previamente, pero el penal no le dio el tratamiento adecuado y tampoco se remitió a tiempo al nosocomio.
Presunción de Inocencia señaló que los asesinatos silenciosos ocurridos en los penales mexiquenses se deben a las condiciones de semi esclavitud, torturas en celdas de castigo conocidas como módulos de conductas especiales, o por enfermedades que se agravan ante la falta de atención.
“No se respeta el derecho a la salud como derecho humano… a quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas los dejan morir en una larga agonía con dolores, sin tratamientos especiales y nunca los sacan a los hospitales especializados a los que tienen derecho”, manifestó.
En el caso de los padecimientos que se complican, añadió, en las cárceles estatales se niega a los PPL el derecho a morir con sus familiares en dignidad
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