La 61 Legislatura mexiquense inició este lunes su segundo periodo ordinario de sesiones, después de reformar la Constitución local para también modificar el calendario de plenarias.
Con la reforma, en lugar de tres periodos ordinarios de sesiones al año, sólo se realizarán dos, y si bien aumentaron de 193 a 210 los días de trabajo legislativo anuales, los diputados locales todavía dispondrán de cinco meses de receso cada año.
El actual periodo concluirá a más tardar el 15 de mayo; después, los legisladores mexiquenses tendrán poco más de tres meses y medio en que no estarán obligados a sesionar, a menos que sean convocados a algún periodo extraordinario.
Las siguientes plenarias comenzarán el 5 de septiembre y no podrá prolongarse más allá del 18 de diciembre.
En su primer periodo ordinario de sesiones, la Legislatura afirma que aprobó 473 iniciativas y puntos de acuerdo, no obstante, entre ellas se encuentran las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de los 125 ayuntamientos y tarifas de agua diferenciadas para 20 municipios y una más para el resto, por lo que son modificaciones a las que estaban obligados, sin excepción, como parte de la miscelánea fiscal de cada año.
Además, aprobaron todas las reformas relacionadas con el Paquete Fiscal 2022 (a alrededor de diez preceptos jurídicos), realizaron la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, desincorporaron bienes inmuebles para que pudieran ser utilizados por los ayuntamientos para saldar algunas deudas y designaron al presidente municipal sustituto de Tultepec.
No obstante, de las iniciativas que ellos mismos ingresaron, sólo aprobaron algunas reformas penales para proteger a los menores y otras para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública en la entidad, con lo que el grueso de las modificaciones de su autoría continúan en espera.
Entre las propuestas aún en la congeladora están la interrupción legal del embarazo, el reconocimiento del matrimonio igualitario, la eliminación del fuero, la Ley de Participación Ciudadana que incluye la revocación de mandato del gobernador y los alcaldes, y otras más en materia anticorrupción, por mencionar algunas.