Ariel Juárez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario en la Legislatura local, acusó que las autoridades estatales ponen muchas trabas y limitantes para que los diputados que integran éste órgano concreten las visitas a los penales estatales a fin de constatar las circunstancias en que se encuentran recluidas más de 34 mil personas privadas de la libertad (PPL) y las condicionantes a sus familiares para poder verlos.
El diputado local por Morena indicó que las autoridades penitenciarias desconocen a la Comisión y arguyen que no saben cuál es su función; “hay un oficio que limita incluso que los diputados y los asesores podamos entrar”, dijo.
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Otra condicionante para autorizar las visitas, refirió, es que “no podemos hablar con las Personas Privadas de la Libertad (PPL), no podemos hablar con los directores, el recorrido debe ser como ellos marcan, nos ponen horario”.
El morenista aseguró que los legisladores no aceptarán las condiciones del subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel; del secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez: ni del director general de Prevención y Reinserción Social, Jaime Echartea.
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Empero, manifestó que la Comisión a su cargo insistirá en la apertura, pues son las propias PPLs quienes se han acercado a los diputados para denunciar las anomalías que existen en los centros penitenciarios, con el propósito de que la Legislatura modifique el marco jurídico y acuerde con los poderes Ejecutivo y Judicial el respeto a los derechos humanos, apego al debido proceso y el acceso a la justicia de quienes se encuentran en las cárceles mexiquenses pero son inocentes.
También advirtió que con permiso o sin permiso de las autoridades, los legisladores agotarán todas las herramientas a su alcance para que les abran las puertas de los penales.
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El sistema penitenciario del Estado de México, es el más grande del país, con una población de más de 34 mil personas en 22 centros (incluido el de internamiento para adolescentes Quinta del Bosque) cuya capacidad es para 13 mil; por ello, planteó, la relevancia de constatar las diversas denuncias de familiares de las Personas Privadas de la Libertad.