manutLa Legislatura mexiquense aprobó en comisiones que los agentes del Ministerio Público (MP) puedan solicitar información sobre deudores alimentarios al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, con la finalidad de que puedan forzados a cumplir con sus obligaciones por la vía penal y/o sancionados por incumplimiento.
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia avalaron por unanimidad la propuesta del diputado morenista Juan Pablo Villagómez, al considerar que contribuirá a salvaguardar los derechos y bienestar de la niñez y los sectores más vulnerables de las familias.
La iniciativa, que reforma el párrafo segundo del artículo 217 del Código Penal del Estado de México, reconoce como necesario que el MP se allegue de todos los medios probatorios o de convicción para integrar la carpeta de investigación derivada del incumplimiento de obligaciones.
Durante la sesión, el diputado petista Sergio García, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, destacó la importancia de dotar a las autoridades de herramientas para que garanticen el derecho de los acreedores a recibir alimentos.
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La morenista Beatriz García reconoció como una obligación de los legisladores dotar de mayores elementos a los organismos del Estado para sancionar a quienes dejan sin alimentos a aquellos que se encuentran bajo su responsabilidad, ya sean sus hijos, padres o cónyuges. Su correligionario Max Correa aseguró que la propuesta robustece la protección de un bien jurídico de gran importancia: la supervivencia de una persona, sobre todo cuando se trata de menores o adultos mayores con discapacidad, y resaltó que el Ministerio Público tendrá la obligación de solicitar información de quien tenga la calidad de acreedor alimentario, por tratarse de posibles beneficiarios, y con ello determinar si existen otros pasivos del delito.
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El también morenista Gabriel Gutiérrez planteó que la evasión de la responsabilidad alimentaria genera problemas sociales graves, e indicó que trabaja en otra propuesta para que las personas a quienes se les compruebe ser deudoras alimentarias no puedan ser candidatos a cargos de elección popular: “La clase política debe ser ejemplo”, dijo. Su compañero de bancada, Margarito González, mencionó que los deudores alimentarios no sólo transgreden la ley, también incurren en delitos graves, pues abandonan a los acreedores en estado de indefensión, especialmente en aquellos casos en que los menores tienen problemas de salud o se encuentran en riesgo de perder la vida, por lo que aseguró que la iniciativa fortalece los derechos humanos, no sólo de los menores, sino también de adultos mayores y personas con discapacidad.
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La priísta Lorena Marín consideró fundamental brindar la más amplia protección jurídica a la familia, ya que es la célula del tejido social donde nacen, crecen y se educan las nuevas generaciones. La panista Ingrid Schemelensky advirtió que cada vez son más los deudores alimentarios, pues, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, tres de cada cuatro niños de padres separados no reciben pensión, y un tercio de las mujeres en el país son madres solteras, de las cuales 68% no reciben apoyo económico por parte de los padres de sus hijos, según estadísticas del INEGI.
La pevemista María Luisa Mendoza confió en que con esta reforma ya no existan pretextos para respetar la garantía constitucional de recibir alimentos, mientras el perredista Omar Ortega advirtió como obligación de los legisladores brindar seguridad y certeza jurídica y dotar de instrumentos a los ciudadanos para hacer valer sus derechos.
La reforma aún debe ser avalada por el pleno.