Por los daños ocasionados al Palacio Legislativo local durante las movilizaciones del 8 de marzo, el Congreso mexiquense levantó una denuncia, contra quien resulte responsable, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, indicó Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien no descartó que detrás de los ataques se encuentren los poderes fácticos.
“No puedo decir que detrás está una fuerza política (partidos), pero sí los poderes fácticos. El Estado tiene la obligación de investigar y dar seguimiento a las denuncias”, dijo.
Lo anterior, expuso, debido a que en el primer momento las manifestantes ni siquiera llevaban una propuesta, “no sabían ni qué pedir, fue hasta el sábado cuando me hicieron llegar la iniciativa por la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, está muy bien abordada, son profesionales quienes la elaboraron, reúne todas la condiciones para ser atendida, y plantean lo mismo que nosotros promovimos”, mencionó.
Desde su punto de vista, la quema de la puerta de acceso y actos vandálicos contra el edificio no fueron espontáneos, sino parte de un movimiento orquestado para descalificar al Congreso local, el cual es de mayoría morenista; también, indicó, se llevaron a cabo tales actos a pesar de los avances que han logrado diputadas y diputados con la aprobación de diversas reformas por la seguridad de este sector y contra la violencia doméstica, política y de género.
“Cuando viene el 8 de marzo, casualmente se queda un grupo que no trae una propuesta concreta; toman el Congreso y queman las puertas, no es de luchas justas, sino de provocación”, dijo.
Como parte de la querella, expuso que se está solicitando la reparación del daño (los destrozos se encuentran estimados entre 750 y 800 mil pesos), no porque no pueda ser costeado por el Poder Legislativo, sino para que no quede en la impunidad.
Además, acusó que, ante estos grupos violentos, el Palacio de Gobierno tenía “un regimiento protegiéndolo”, mientras que se dejó descuidado y sin apoyo el recinto legislativo, a pesar de había anuncios y advertencias de que llegarían a destrozar.
Afirmó que no es intención de los diputados tomar medidas punitivas o de represión, pero reconoció la necesidad de salvaguardar el recinto, pues afirmó que el plantón que mantienen algunas feministas a las afueras de la Cámara de Diputados es una amenaza latente, debido a que las inconformes tienen en su posesión bombas molotov y amenazan con quemar las puertas para tomar el edificio.
Por esta razón, precisó que, la Presidencia de la Mesa Directiva solicitó a Seguridad Pública del Estado que estén pendientes del recinto y protegerlo como patrimonio estatal, pero a la fecha no hay respuesta, e incluso las manifestantes aseguran que los uniformados no les hacen nada porque la policía de género es su amiga.
Por último, indicó que las diputadas morenistas Karina Labastida, Mariana Uribe y Mónica Álvarez Némer se encuentran en diálogo con las peticionarias, pero alertó que mientras el Ejecutivo Estatal no cumpla su responsabilidad y garantice la seguridad de las mujeres, seguirán ocurriendo este tipo de manifestaciones, con el riesgo de que, como suele ocurrir, en ellas participen provocadores que se cuelgan de movimientos justos para cometer desmanes.
Por ello, convocó a las autoridades mexiquenses a instalar una comisión multidisciplinaria para resolver la problemática de las mujeres en el Estado de México.