La Legislatura mexiquense acordó por unanimidad solicitar al presidente de la república y al Congreso de la Unión suspender el pago de los servicios de deuda pública durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022, para que esos recursos puedan invertirse en la reactivación económica, tras la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus.
“Si se dejaran de pagar por dos años los servicios de la deuda pública, lo que asciende a poco más de 1.4 billones de pesos, México podría tener los recursos suficientes y sobrados para aumentar en más del doble el gasto en los programas sociales, salud, educación, cultura, ciencia, arte y deporte; aumentar la inversión productiva, tanto en la industria, como en el campo, y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas”, consideró el diputado Max Correa, promotor del punto de acuerdo avalado con la abstención del Partido Acción Nacional.
El morenista indicó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, el costo financiero de la deuda pública supera por mucho los presupuestos de las secretarías de Educación, Salud, Agricultura, Trabajo, Bienestar o Defensa Nacional; el presupuesto de 19 programas sociales como Pensiones para Adultos Mayores, Sembrando Vida, Becas a estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, Precios de Garantía y Producción para el Bienestar, y de 11 proyectos prioritarios del Gobierno federal; por lo que considera imperativo no pagar durante dos años el costo financiero de la deuda pública, renegociar sus pagos por varios años, declarar una moratoria y obtener “quitas”.
Correa Hernández recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado por ampliar la moratoria de la deuda a todos los países en desarrollo que no pueden pagarla, y fue secundada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), instancias que solicitaron al G-20 la moratoria inmediata de la deuda exterior de los países más pobres afectados por la pandemia. En el caso de México, precisó, la moratoria tiene la finalidad de que estos recursos sean invertidos para reactivar la economía nacional de manera sustentable, con justicia social, sentido democrático y en una dinámica en que nadie quede desprotegido ante la pandemia.
El legislador argumentó que, actualmente, la Deuda Pública Neta Total del país, estimada por el llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público -que incluye la deuda pública interna y externa, así como los pagos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) antes Fobaproa, el rescate carretero y los Proyectos de Inversión de Infraestructura con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS)-, aumentó de 10.5 billones de pesos en diciembre de 2018, a 12.6 billones de pesos hacia diciembre de 2020, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que equivale a un incremento de 20%.
Estos recursos, consideró, podrían destinarse a la reactivación de la planta productiva, al impulso de la producción de alimentos inocuos, orgánicos y saludables, a la generación de empleos formales, para aumentar el gasto social y la inversión pública en infraestructura estratégica y de alto impacto. El morenista indicó que, además de suspender el pago del servicio de la deuda pública, debe auditarse para conocer bajo qué términos se contrajo, para qué fue solicitada y en qué se gastó; y recordó que cuando se estableció el Fobaproa, la deuda era de 500 mil millones de pesos, y tras 25 años de pagos, lejos de reducirse, aumentó en más del doble.